Jose María García-Hoz

Después de las elecciones de mayo, muchos gobiernos autonómicos empezarán a cantar la gallina de sus cuentas verdaderas. El conflicto con el Estado está asegurado y se  teme que enfrascados en luchas internas, se olviden las obligaciones frente al exterior.

El Govern de la Generalitat echa las muelas porque  Madrit ha rechazado su plan de austeridad que contemplaba una reducción de solo el 10 por ciento cuando el Gobierno de España exige el doble: un 20 por ciento. Ruego al público que preste atención porque estamos, nada más y nada menos, ante la primera escaramuza de la gran guerra que sobre la distribución del gasto público que se librará dentro de este mismo año y que, si no sucede un milagro, acabará por arruinar la entera economía española.

La historia es sencilla. La Unión Europea exige al Gobierno español que reduzca drásticamente su déficit, es decir la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa. Si no lo hace, no habrá nadie que prestará dinero a España y el Estado se quedará sin recursos para pagar a los funcionarios, las medicinas, los parados, etc.

Ocurre que  mas de la mitad de los ingresos del Estado español se envía por diferentes caminos a las Comunidades Autónomas y ocurre que estas Comunidades también gastan mas de lo que ingresan y, por tanto, el Gobierno de España ha determinado la cifra de ahorro en el déficit que les corresponde a cada una para atender las exigencia de Bruselas y, a más a más, les pide la concreción de los planes de ahorro.

Cataluña ya ha remitido su plan y en Madrit se lo han devuelto a los corrales. Las demás comunidades también lo habrán hecho y aparentemente han sido aprobados, lo cual no deja de ser sospechoso porque hay algunas como Valencia o Andalucía que comparten con Cataluña el déficit excesivo y si se han aprobado sus planes es porque a) las cifras están falseadas, como las falseó el anterior Govern de la Generatitat; o b) Porque el Partido Socialista reinante no quiere pejudicar aún más a sus correligionarios andaluces y castellano machegos.

En cualquier caso, la lógica apunta que será después de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo cuando todas las autonomías canten la gallina, bien porque se produzca como en Cataluña un cambio de partido gobernante, bien porque no quede un solo euro en el cajón.  Y ahí llegará el conflicto definitivo: el Gobierno de España tiene la cartera porque recauda los impuestos y le resultará fácil cortatr el grifo si las comunidades no cumplen lo previsto y ordenado por Bruselas/Madrid; las comunidades cuentan con la razón política pues sin importar cual sea la razón de la falta de dinero, lo más fácil resultará echar la culpa de todo a Madrid.

Las primeras reacciones del Govern de la Generalitat de Catalunya (al que ya se le ha cerrado el mercado mayorista de dinero) al rechazo de sus planes por parte del Gobierno de España, hacen temer el peor escenario posible, pues en una batalla en la que ambas partes tendrán razón, será difícil impedir que la polvora no se gaste en disparos contra el adversario interior, soslayando la inexorabilidad de las obligaciones exteriores. Eso ya ha empezado a pasar.

Cajasur, la caja de ahorros cordobesa  promovida y gobernada por curia de la diócesis ha sido obligada por el Banco de España a fusionarse con Unicaja (activo de 34.191 millones de euros), con sede originaria en Ronda, inexpugnable en Andalucía oriental y de promoción y gobierno oficiales.

El Consejo de Administración de Cajasur (con un activo de 19.654 milloneds de euros) era contrario a la fusión porque suponía no solo la pérdida de identidad, sino también y más importante, la desasparición de la misión para la que fué fundada Cajasur, muy relacionada con la ayuda a los necesitados que la diócesis podía articular a través de la obra social.

Fué una resistencia numantina, en la que cada paso negociador era duramente combatido, desde la representación de Cajasur en la resultante, hasta el número de empelos sobrantes. Todo inútil: el Banco de España lanzó un ultimatum: o fusión o intervención.

Al Banco de España le gustaría poder actuar con la misma determinación en el caso de otras cuantas cajas de ahorro cuyos balances y cuentas de resultados presentan los mismos problemas que Cajasur, si no más.

La diferencia es que en casi todas las demás cajas problemáticas hay un gobierno autonómico que cual “primo de zumosol” impide la decidida actuación del Banco de España. Los hombres de Alcalá 50 han sido capaces de ignorar las razones y argumentos del Cabildo catedralicio de Córdoba y forzar la fusión, pero se tentarán mucho la ropa antes de enfrentarse a cualquier presidente autonómico que con cara de malas pulgas advierta que “en mi caja mando yo”.

Fuera parte de agravios comparativos –que en cualquier caso son muchos y de mucha entidad filosófico-política– esa resistencia de los gobiernos autonómicos va a retresar mucho el necesario saneamiento de las cajas de ahorro en España.

Y mientras no se proceda al saneamiento y reducción de la mitad del sistema bancario español, nadie podrá esperar con fundamento que la economía española acabe por superar este bache profundo en el que malvive.