Jose María García-Hoz

Según, Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE y uno de los buenos economistas nacionales que lleva tiempo dedicado al tema, la temida y necesaria reforma laboral se juega en estos cinco puntos.

1. Reducir los excesivos costes laborales, limitando el máximo indemnizatorio en caso de despido;

2. Derogar los contratos temporales y establecer un único contrato, indefinido, y con un coste de despido creciente y limitado;

3. Flexibilizar la negociación colectiva, eximiendo a las pymes de menos de diez trabajadores de la aplicación de convenio alguno y dejando paso a la legislación general laboral si no hay acuerdo en el plazo necesario entre las partes negociadoras del convenio colectivo;

4. Seguridad social: supresión de la cotización mínima actual de la seguridad social, de modo que la cuantía fuera proporcional a la nómina afectada; la exención de pago para los autónomos en los meses que no tuvieran actividad; y el aumento de la cuota máxima que es excesivamente baja en España;

5. Desjudicialización de los despidos, de modo que, tal como sucede en el resto de Europa, la relación laboral se extinguiera directamente con el pago de los costes de despido, sin esperar a que un juez de lo social tenga que decidir sobre su procedencia.

Qué difícil será hacerlo

Ya se que el texto anterior no descubre un ignoto mediterráneo, pero como los buenos economistas, Díaz-Giménez ha sintetizado con claridad el nudo gordiano de lo que, en este momento, constituye el principal obstáculo para que la economía española comience a calentar motores.

Y tan difícil como saber lo que hay que hacer es hacerlo. CC.OO. y UGT no solo heredaron los sindicatos verticales de Franco “con los ascensores funcionando”, sino también la legislación laboral de una dictadura, para la que los empleadores eran sospechosos de oficio y los empleados debían ser adulados/protegidos para que no cayeran en la perversión marxista.

La superestructura laboral –principalmente sindical, pero no solo– reúne demasiados intereses que hasta ahora han impedido el decretazo que la suprimiera. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ya contaba en su último libro, que al último Gobierno Aznar le faltó fuerza y cuando CC.OO. y UGT convocaron una huelga general, se paró cualquier intento de modificar reforma.

Pero ahora, al revés que entonces, España va muy mal y a fuerza de no hacerla, la reforma laboral se ha convertido en la prueba del algodón que utilizaran quienes tienen en su mano el dinero suficiente para que España salga del boquete: Berlín, Bruselas, Francfort, Washington y los mercados financieros internacionales

Si el sector público español fuera una empresa, España S.A., sus cuentas le obligarían a presentar un ERE: tanto gasto de personal y tanto consumo corriente, pueden acabar obligando a reducir las prestaciones sociales.

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Una forma original de presentar las cuentas del sector público español: traducirlas al formato de la cuenta de resultados de una empresa. Es algo más que un chiste entretenido, pues facilita una perspectiva de análisis muy distinta de la habitual. Ha elaborado los datos UBS en su informe de otoño sobre la economía española. Los comentarios son míos.

¿Qué diría un analista o un consultor de empresas si viera estas cuentas? Considerando las prestaciones sociales gastos cuasi fijos, el punto débil de la cuenta de resultados de España S.A. está en el elevado gasto de personal y en el de consumos corrientes –viajes, ordenadores, bolígrafos, papel…– de las administraciones públicas, que entre ambos suponen el 50 por ciento de los ingresos ordinarios.

Con cierta perspectiva cronológica –el informe comprende el periodo 2000-2013– se aprecia el anquilosamiento del monstruo y así cuando los ingresos ( impuestos y cotizaciones sociales) empezaron a bajar, los gastos continuaron subiendo. En 2009 fué por primera vez negativo el resultado de explotación ( por mal nombre EBITDA) y este capítulo de la cuenta de resultados España S.A. seguirá en números rojos por lo menos hasta este año 2011. Como este desfase de explotación se ha cubierto con créditos, los gastos financieros se han disparado, con lo cual el beneficio ordinario de España S.A. será también negativo hasta 2013.

Un caso de libro

Para un consultor sería un caso de libro. Si España S.A. fuera, efectivamente, una empresa normal debería recuperar el equilibrio aumentando los ingresos o disminuyendo los gastos de funcionamiento. Aumentar los ingresos parece misión cuasi imposible dado que el mercado presenta síntomas de atonía: la clientela no se mueve (económicamente hablando) y si no se mueve, no se ingresan más impuestos. Disminuir costes tampoco es fácil, pero resulta la única salida para que los bancos se fíen y continuen financiando las pérdidas. En términos empresariales la dirección de España S.A. debería, como tantas otras empresas españolas, presentar un ERE y renegociar el convenio colectivo vigente, porque no lo podrá cumplir.

Pensar lo impensable

Dentro de su dificultad, rebajar costes de personal es lo primero, pero no será suficiente. Habrá que pensar lo impensable y proceder a la revisión de procesos productivos,y no rechazar necesidad de proveedores externos que con menores costes presten los mismos, o mejores, servicios. En inglés se llama outsourcing a la contratación por parte de la grandes empresas de servicios exteriores, como limpieza, seguridad, distribución, etc. No tiene ningún sentido que, por ejemplo, Iberdrola tenga en su nómina a los guardia jurados que vigilan instalaciones eléctricas y oficinas.

Una cosa es que el Estado garantice a sus clientes-ciudadanos, los mejores servicios. Y otra que estos servicios –educación y sanidad, sin ir más lejos– tengan que se prestados por funcionarios públicos. en, sin ir más lejos, sanidad y educación, pero no hay razón alguna para que dichos servicios sean facilitados directamente por el Estado… Porque si se hace así, la empresa-Estado tendrá que presentar concurso de acreedores, primero, y quiebra después.