Jose María García-Hoz

Con datos a 30 de junio, en un solo año el porcentaje de paro había subido 7,96, situándose en el 17,92 por ciento de la población activa. A la misma fecha y en el mismo periodo, el coste laboral por trabajador y mes había subido un 3,9 por ciento.
Son datos fiables porque los ofrece el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), pero esquizofrénicos: ¿Como es posible que suban al mismo tiempo el paro y el coste laboral?. A más a más: baja el PIB, baja la producción industrial, bajan los precios, bajan la ocupación hotelera…Todas las referencias económicas del INE ofrecen una evolución a la baja, salvo el coste laboral.
Eso es precisamente lo que todo el mundo critica (FMI,OCDE,UE,Banco de España, etc.etc.): el régimen laboral español resulta absolutamente impermeable a los vaivenes económicos. No importa que la economía vaya bien o mal: la inflexibilidad del sistema impide una adecuación similar a las de los demás factores de producción.
Y como no se ajusta por las buenas, se ajusta por las malas: con una demanda y una producción en caída (casi) libre, las empresas reducen plantilla y el paro aumenta. Eso no sería así (o no seria tan grave) si cada empresa pudiera negociar con su plantilla, no con un liberado sindical cuya misión no es encontrar una fórmula de viabilidad, sino vigilar el más estricto cumplimiento de un convenio nacional o sectorial, que se firmó en tiempos de vacas gordas, sin tener en cuenta los vaivenes y las particularidades de cada empresa.
De este triste panorama se salvan las fabricas españolas de empresas multinacionales. En Seat de Martorell (Barcelona) se ha llegado a un acuerdo de congelar salarios un par de años, a cambio de que el Grupo Volswagen les encargara la fabricación del Audi 3… Nissan, Ford,Renault, Citroen: todos están en lo mismo: si quieren carga de trabajo los salarios deben bajar o, como mucho, mantenerse.
Eso es lo racional y razonable. Insistir en la inalterabilidad de condiciones propias de coyunturas expansivas, solo conduce a más paro y, todavía peor, a la división de la población activa española en dos grupos: los empleados con todos los beneficios del estado de bienestar, y los cada vez más numerosos parados condenados a ir tirando con las propinas del Gobierno