Jose María García-Hoz

Menos pagar impuestos, para hacer cualquier cosa relacionada con la Administración, en España se necesita un amigo que sea amigo del amigo del que decide. Cuando no se tienen amigos que consigan el enchufe para que el que decide decida rápido, se recurre al dinero, que con él se hacen amigos decisivos… Y todo para conseguir una decisión  conforme a la ley.

Según el sumario judicial abierto sobre las actividades del Ministro de Fomento, José Blanco –envidiable exclusiva de El Mundo–, el empresario José Antonio Orozco, Vicepresidente de la empresa de transportes Azkar recurrió a la intercesión del Ministro para que el alcalde de Sant Boi de Llobregat concediera la licencia de obra de una nave en el territorio municipal. Se sospecha, aunque tampoco está probado, que la intercesión comportó alguna abultada atención económica por parte de Azkar hacia José Blanco.

Cuando todo este lío se aclare judicialmente, se sabrá si el dinero engrasó o no engrasó el aparato administrativo para que tomara una decisión rápida, que no una decisión injusta o ilegal. Y seguramente ahí está el problema de fondo: cualquier relación con la administración pública de cualquier nivel debe ser engrasada con dinero o con enchufe. Algunos favores son nimios, como adelantar la consulta con un especialista, acelerar los trámites de un entierro, o que aprueben a un mal estudiante, pero otros son de un valor económico multimillonario. El Alcalde Sant Boi, el socialista Jaume Bosch, asegura que se cumplieron todos los trámites legales, pero este no es un asunto de respeto a la ley, sino de la inusitada velocidad con que se ha cumplido.

En todas partes hay corrutos, pero hay favores que se pagan con un jamón de cerdo blanco y otros con una partida de millones, sobre todo los referidos al urbanismo, pero no solo esos: contratos, concesiones, licencias, etc. La Administración es excesivamente poderosa, también en lo económico, y hay políticos/funcionarios que, sabedores de lo efímero de su puesto, dedican una parte de ese poder económico en provecho de su cartera.

Insisto: en muchos casos el objetivo del corruptor no es conseguir una decisión ilegal o que perjudique a terceros, sino una decisión rápida. Es fácil imaginarse a un empresario, como el vicepresidente de Azkar, que se ve pillado entre el dinero que ha pagado por un solar y la pereza del Ayuntamiento de Sant Boi que le anuncia tardará meses en conceder la licencia… Los empresarios y la gente en general debe ser honrada, pero no estoy seguro que se les pueda exigir heroismo.

By the way: a los amigos que ven el intervencionismo estatal/burocrático como garantía de honradez en la actividad económica privada, les recuerdo que estos casos de corrupción se producen precisamente en donde hay más controles y son necesarios más permisos. Intervencionismo no es garantía ni de eficacia ni de honradez… Al contrario.

Para algunos resulta intolerable que los estudios de la Academia de la Historia no se atengan a la corrección política imperante. Propongo que a partir de ahora sean los grupos parlamentarios quienes elijan a los académicos y, para segurar, que sea Santillana, la editorial del grupo Prisa, la que edite esos trabajos.

La Academia de la Historia acaba de publicar y hacer pública una colección de miles de biografías de españoles que ya han pasado a la historia con mejor o peor reputación. La iniciativa fué saludada con general complacencia, hasta que algunos dieron leer biografías cuyos perfiles no casaban con su sensibilidad, o su criterio. Con los diarios El País y Público como buques insignia, la flota se puso en marcha, hasta que la Junta Directiva de la Academia anunció que rectificaría los contenidos en línea con lo sugerido por esos periódicos, y los pocos centenares de personas gente que se manifestaron frente a la Academia.

Para evitar nuevos desaguisados propongo que en la Ley de Economía Sostenible se añada una clausula en la que se cambie el modo de elegir a los académicos y en lugar que sea por votación entre ellos, los académicos sean elegidos por los partidos con representación parlamentaria, en función de los escaños obtenidos en las últimas elecciones. Así los Académicos de la Historia serían democráticos, en lugar de como hasta ahora que son elegidos en función de sus acreditados méritos científicos.

Este sistema que propongo no es nuevo: ya lo hizo Felipe González –por cierto, muy elogiado en su biografía–con , de forma que los miembros del Consejo General dejaron de ser elegidos por los propios jueces, como estipula la Constitución, y pasaron a la designación parlamentaria. El resultado de aquella operación no puede ser mejor: la interminable bronca entre jueces elegidos por un partido o por otro, o el pasotismo más absoluto de una institución cuyos dirigentes cuidan de los intereses de quienes les eligieron y se olvidan de la ciudadanía.

Desde el Tribunal Constitucional, a las diferentes Comisiones de supervisión del mercado, al Consejo de Estado, al Consejo de RTVE… Las instituciones españolas dejan mucho que desear en su aportación a la sociedad, precisamente porque están controladas por el Gobierno y por los partidos políticos. Las que debían ser un contrapoder, o una limitación del poder político, se han fusionado con él.

Se comprende que en este escenario de silencio de los corderos, el juicio independiente de la Academia de la Historia haya provocado el griterío de quienes no entienden más principio que el de la corrección política, y en la manifestación callejera el mejor método para dirimir las inevitables y sanas disputas científicas. Seguramente la veterana institución –fundada en 1738– escapó de las garras partidarias porque su mínimo presupuesto no alcanzaba para coches y escoltas.