Jose María García-Hoz

Para algunos resulta intolerable que los estudios de la Academia de la Historia no se atengan a la corrección política imperante. Propongo que a partir de ahora sean los grupos parlamentarios quienes elijan a los académicos y, para segurar, que sea Santillana, la editorial del grupo Prisa, la que edite esos trabajos.

La Academia de la Historia acaba de publicar y hacer pública una colección de miles de biografías de españoles que ya han pasado a la historia con mejor o peor reputación. La iniciativa fué saludada con general complacencia, hasta que algunos dieron leer biografías cuyos perfiles no casaban con su sensibilidad, o su criterio. Con los diarios El País y Público como buques insignia, la flota se puso en marcha, hasta que la Junta Directiva de la Academia anunció que rectificaría los contenidos en línea con lo sugerido por esos periódicos, y los pocos centenares de personas gente que se manifestaron frente a la Academia.

Para evitar nuevos desaguisados propongo que en la Ley de Economía Sostenible se añada una clausula en la que se cambie el modo de elegir a los académicos y en lugar que sea por votación entre ellos, los académicos sean elegidos por los partidos con representación parlamentaria, en función de los escaños obtenidos en las últimas elecciones. Así los Académicos de la Historia serían democráticos, en lugar de como hasta ahora que son elegidos en función de sus acreditados méritos científicos.

Este sistema que propongo no es nuevo: ya lo hizo Felipe González –por cierto, muy elogiado en su biografía–con , de forma que los miembros del Consejo General dejaron de ser elegidos por los propios jueces, como estipula la Constitución, y pasaron a la designación parlamentaria. El resultado de aquella operación no puede ser mejor: la interminable bronca entre jueces elegidos por un partido o por otro, o el pasotismo más absoluto de una institución cuyos dirigentes cuidan de los intereses de quienes les eligieron y se olvidan de la ciudadanía.

Desde el Tribunal Constitucional, a las diferentes Comisiones de supervisión del mercado, al Consejo de Estado, al Consejo de RTVE… Las instituciones españolas dejan mucho que desear en su aportación a la sociedad, precisamente porque están controladas por el Gobierno y por los partidos políticos. Las que debían ser un contrapoder, o una limitación del poder político, se han fusionado con él.

Se comprende que en este escenario de silencio de los corderos, el juicio independiente de la Academia de la Historia haya provocado el griterío de quienes no entienden más principio que el de la corrección política, y en la manifestación callejera el mejor método para dirimir las inevitables y sanas disputas científicas. Seguramente la veterana institución –fundada en 1738– escapó de las garras partidarias porque su mínimo presupuesto no alcanzaba para coches y escoltas.

En España también la televisión ha vivido su particular burbuja. Durante los diez años prodigiosos (1997-2007) de la economía española, la inversión publicitaria en televisión se multiplicó por dos y en 2007 llegó a la cifra récord de 3.467 millones de euros: cuando no se anunciaban los teléfonos móviles, lo hacías las hipotecas y si no los coches. Tanta publicidad permitió la multiplicación de canales sin consecuencias graves, porque de un modo u otro había publicidad para todos.

En 2008 terminó la euforia:10 por ciento menos en publicidad televisiva. 2009 ha demostrado que los buenos tiempos tardarán en volver y todos los pronósticos coinciden en que el inminente 2010 será aún peor. Las cifras de las tres cadenas que cotizan en Bolsa no admiten dudas. En los nueve primeros meses de este año los ingresos publicitarios de Telecinco cayeron un 41,6 por ciento; mayor aún, 67,6 por ciento, fue el retroceso de Antena 3; y, en fin, la caída de los ingresos de la de Cuatro fue del 26 por ciento, sin duda porque se partía de una base de cálculo más pequeña. Los números de La Sexta no pueden haber ido mejor, aunque de esta cadena del grupo Mediapro resulta imposible obtener datos fiables.

En este escenario económicamente insostenible, que comercialmente se mueve entre guatemala y guatepeor, y con el aumento sustancial de la oferta televisiva por la inminente implantación de la televisión digital, las fusiones que se planteen con el objetivo de alcanzar o consolidar una razonable cuota de audiencia y de recortar costes representan la única vía de escape.

De hecho, la primera fusión fue cerrada el viernes 19 y afecta a Telecinco, propiedad de la italiana Mediaset, y a Cuatro y Digital+, propiedad de Prisa. El mercado espera el próximo anuncio de la segunda operación que de una forma u otra, fusionará a Antena 3, del Grupo Planeta y del italiano De Agostini, con La Sexta, del Grupo Mediapro.

Fuera parte de las consideraciones políticas  –al fin y al cabo, se supone que la televisión es algo más que un negocio – y los comentarios sobre aspectos personales -¿por qué Prisa acepta al grupo italiano Telecinco las condiciones que no admitió en negociaciones anteriores con grupo español Mediapro?-la reestructuración de la tele brinda dos reflexiones inmediatas.

La primera sobre la televisión de propiedad oficial: resulta un verdadero escarnio que mientras el sector privado, para sobrevivir, debe hacer un ejercicio continuado de equilibrismo comercial y financiero, RTVE y sus clónicas repeticiones en autonomías y municipios contemplan impasibles la caída de la publicidad, como si fuera un asunto que no les afectara. Y lo malo es que no les afecta, porque, sea cual sea el déficit en el que incurran, los directivos de esas televisiones oficiales se limitarán a pedir un aumento en la subvención. Cifras cantan: según datos del último informe de Uteca/Iese sobre la televisión en España, durante 2008 mientras que los ingresos por publicidad bajaban el 10 por ciento respecto a 2007, la partida de subvenciones a las televisiones oficiales  subió un  26 por ciento, hasta los 1.278 millones de euros.

Todas y cada una de las numerosas televisiones oficiales que operan en España plantean un caso evidente de competencia desleal y ventajista, pues arrebatan toda la publicidad que pueden al sector privado, en el bien entendido que el dinero que falte lo pondrá papá Estado. La permanencia de semejante sistema no es sino otra prueba del déficit democrático de la Unión Europea. Perro no come perro y burócrata respeta al político, temeroso de que le pueda cesar.

Desde otro punto de vista, la reestructuración televisiva es un ejemplo y una advertencia para todos los sectores empresariales españoles: la crisis económica y su correlato de disminución del tamaño del mercado, obliga a una equivalente adecuación de la oferta. Donde hace cuatro o cinco años había espacio para cuatro supermercados, o para cuatro concesionarios de coche, ahora solo hay sitio para uno.

Como digo, todos los sectores de la economía, deben acometer su propio adelgazamiento de forma que las menores ventas se correspondan con menores costes, sin disminuir por ello la calidad del producto. Para mí tengo que el reto resulta particularmente difícil para la prensa escrita, que ahora más que nunca debe apostar por la calidad, que nunca ha sido una característica barata.

En España también la televisión ha vivido su particular burbuja. Durante los diez años prodigiosos (1997-2007) de la economía española, la inversión publicitaria en televisión se multiplicó por dos y en 2007 llegó a la cifra récord de 3.467 millones de euros: cuando no se anunciaban los teléfonos móviles, lo hacías las hipotecas y si no los coches. Tanta publicidad permitió la multiplicación de canales sin consecuencias graves, porque de un modo u otro había publicidad para todos.

En 2008 terminó la euforia:10 por ciento menos en publicidad televisiva. 2009 ha demostrado que los buenos tiempos tardarán en volver y todos los pronósticos coinciden en que el inminente 2010 será aún peor. Las cifras de las tres cadenas que cotizan en Bolsa no admiten dudas. En los nueve primeros meses de este año los ingresos publicitarios de Telecinco cayeron un 41,6 por ciento; mayor aún, 67,6 por ciento, fue el retroceso de Antena 3; y, en fin, la caída de los ingresos de la de Cuatro fue del 26 por ciento, sin duda porque se partía de una base de cálculo más pequeña. Los números de La Sexta no pueden haber ido mejor, aunque de esta cadena del grupo Mediapro resulta imposible obtener datos fiables.

En este escenario económicamente insostenible, que comercialmente se mueve entre guatemala y guatepeor, y con el aumento sustancial de la oferta televisiva por la inminente implantación de la televisión digital, las fusiones que se planteen con el objetivo de alcanzar o consolidar una razonable cuota de audiencia y de recortar costes representan la única vía de escape.

De hecho, la primera fusión fue cerrada el viernes 19 y afecta a Telecinco, propiedad de la italiana Mediaset, y a Cuatro y Digital+, propiedad de Prisa. El mercado espera el próximo anuncio de la segunda operación que de una forma u otra, fusionará a Antena 3, del Grupo Planeta y del italiano De Agostini, con La Sexta, del Grupo Mediapro.

Fuera parte de las consideraciones políticas  –al fin y al cabo, se supone que la televisión es algo más que un negocio – y los comentarios sobre aspectos personales -¿por qué Prisa acepta al grupo italiano Telecinco las condiciones que no admitió en negociaciones anteriores con grupo español Mediapro?-la reestructuración de la tele brinda dos reflexiones inmediatas.

La primera sobre la televisión de propiedad oficial: resulta un verdadero escarnio que mientras el sector privado, para sobrevivir, debe hacer un ejercicio continuado de equilibrismo comercial y financiero, RTVE y sus clónicas repeticiones en autonomías y municipios contemplan impasibles la caída de la publicidad, como si fuera un asunto que no les afectara. Y lo malo es que no les afecta, porque, sea cual sea el déficit en el que incurran, los directivos de esas televisiones oficiales se limitarán a pedir un aumento en la subvención. Cifras cantan: según datos del último informe de Uteca/Iese sobre la televisión en España, durante 2008 mientras que los ingresos por publicidad bajaban el 10 por ciento respecto a 2007, la partida de subvenciones a las televisiones oficiales  subió un  26 por ciento, hasta los 1.278 millones de euros.

Todas y cada una de las numerosas televisiones oficiales que operan en España plantean un caso evidente de competencia desleal y ventajista, pues arrebatan toda la publicidad que pueden al sector privado, en el bien entendido que el dinero que falte lo pondrá papá Estado. La permanencia de semejante sistema no es sino otra prueba del déficit democrático de la Unión Europea. Perro no come perro y burócrata respeta al político, temeroso de que le pueda cesar.

Desde otro punto de vista, la reestructuración televisiva es un ejemplo y una advertencia para todos los sectores empresariales españoles: la crisis económica y su correlato de disminución del tamaño del mercado, obliga a una equivalente adecuación de la oferta. Donde hace cuatro o cinco años había espacio para cuatro supermercados, o para cuatro concesionarios de coche, ahora solo hay sitio para uno.

Como digo, todos los sectores de la economía, deben acometer su propio adelgazamiento de forma que las menores ventas se correspondan con menores costes, sin disminuir por ello la calidad del producto. Para mí tengo que el reto resulta particularmente difícil para la prensa escrita, que ahora más que nunca debe apostar por la calidad, que nunca ha sido una característica barata.