Jose María García-Hoz

Los exabruptos de Alfonso Guerra sobre su antiguo jefe, José Luis Rodríguez Zapatero, soltados en la Cadena Ser, no solo retratan la altura humana del ex vicepresidente del Gobierno, sino que deja claro, una vez más, que la omertá es el primer principio de los partidos políticos españoles.

La gente se pregunta por qué si Alfonso Guerra era tan crítico con la política desarrollada por Rodríguez Zapatero no lo dijo antes, cuando era tan bien tratado por el partido en el poder, que le seleccionó como Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, un puesto de buena retribución y poco trabajo.

Pues si calló fue en virtud del principio que él mismo estableció cuando era número 2 del Psoe y del Gobierno: el que se mueva no sale en la foto. Si durante el zapaterato hubiera hablado en un tono mínimamente crítico y en un entorno de audiencia poco superior al de una cena de amigos, Alfonso Guerra habría sido reducido a la condición de Diputado simpliciter y en las últimas elecciones generales, su nombre habría desaparecido de la candidatura del PSOE por Sevilla.

Los militantes de los partidos, aunque tengan tanta solera como Guerra, solo tienen oportunidad de corregir al Jefe cuando no hay Jefe. Poco importa que se haga una aportación de mérito y bien intencionada.

Como en el Partido Popular sí hay un Jefe consolidado, y en condiciones de repartir trabajos distinguidos, el silencio es la práctica general en el entorno de Mariano Rajoy: el que hable no será Ministro. Así que ya saben: el aspirante que haga declaraciones en un medio de comunicación se quedará sin cartera.

Dado que, a su vez, los partidos políticos son los casi exclusivos protagonistas de la vida pública española, no debe extrañar que el debate ideológico, político, económico, etc., se desarrolle con la frondosidad de un erial.

Para algunos resulta intolerable que los estudios de la Academia de la Historia no se atengan a la corrección política imperante. Propongo que a partir de ahora sean los grupos parlamentarios quienes elijan a los académicos y, para segurar, que sea Santillana, la editorial del grupo Prisa, la que edite esos trabajos.

La Academia de la Historia acaba de publicar y hacer pública una colección de miles de biografías de españoles que ya han pasado a la historia con mejor o peor reputación. La iniciativa fué saludada con general complacencia, hasta que algunos dieron leer biografías cuyos perfiles no casaban con su sensibilidad, o su criterio. Con los diarios El País y Público como buques insignia, la flota se puso en marcha, hasta que la Junta Directiva de la Academia anunció que rectificaría los contenidos en línea con lo sugerido por esos periódicos, y los pocos centenares de personas gente que se manifestaron frente a la Academia.

Para evitar nuevos desaguisados propongo que en la Ley de Economía Sostenible se añada una clausula en la que se cambie el modo de elegir a los académicos y en lugar que sea por votación entre ellos, los académicos sean elegidos por los partidos con representación parlamentaria, en función de los escaños obtenidos en las últimas elecciones. Así los Académicos de la Historia serían democráticos, en lugar de como hasta ahora que son elegidos en función de sus acreditados méritos científicos.

Este sistema que propongo no es nuevo: ya lo hizo Felipe González –por cierto, muy elogiado en su biografía–con , de forma que los miembros del Consejo General dejaron de ser elegidos por los propios jueces, como estipula la Constitución, y pasaron a la designación parlamentaria. El resultado de aquella operación no puede ser mejor: la interminable bronca entre jueces elegidos por un partido o por otro, o el pasotismo más absoluto de una institución cuyos dirigentes cuidan de los intereses de quienes les eligieron y se olvidan de la ciudadanía.

Desde el Tribunal Constitucional, a las diferentes Comisiones de supervisión del mercado, al Consejo de Estado, al Consejo de RTVE… Las instituciones españolas dejan mucho que desear en su aportación a la sociedad, precisamente porque están controladas por el Gobierno y por los partidos políticos. Las que debían ser un contrapoder, o una limitación del poder político, se han fusionado con él.

Se comprende que en este escenario de silencio de los corderos, el juicio independiente de la Academia de la Historia haya provocado el griterío de quienes no entienden más principio que el de la corrección política, y en la manifestación callejera el mejor método para dirimir las inevitables y sanas disputas científicas. Seguramente la veterana institución –fundada en 1738– escapó de las garras partidarias porque su mínimo presupuesto no alcanzaba para coches y escoltas.