Jose María García-Hoz

Según, Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE y uno de los buenos economistas nacionales que lleva tiempo dedicado al tema, la temida y necesaria reforma laboral se juega en estos cinco puntos.

1. Reducir los excesivos costes laborales, limitando el máximo indemnizatorio en caso de despido;

2. Derogar los contratos temporales y establecer un único contrato, indefinido, y con un coste de despido creciente y limitado;

3. Flexibilizar la negociación colectiva, eximiendo a las pymes de menos de diez trabajadores de la aplicación de convenio alguno y dejando paso a la legislación general laboral si no hay acuerdo en el plazo necesario entre las partes negociadoras del convenio colectivo;

4. Seguridad social: supresión de la cotización mínima actual de la seguridad social, de modo que la cuantía fuera proporcional a la nómina afectada; la exención de pago para los autónomos en los meses que no tuvieran actividad; y el aumento de la cuota máxima que es excesivamente baja en España;

5. Desjudicialización de los despidos, de modo que, tal como sucede en el resto de Europa, la relación laboral se extinguiera directamente con el pago de los costes de despido, sin esperar a que un juez de lo social tenga que decidir sobre su procedencia.

Qué difícil será hacerlo

Ya se que el texto anterior no descubre un ignoto mediterráneo, pero como los buenos economistas, Díaz-Giménez ha sintetizado con claridad el nudo gordiano de lo que, en este momento, constituye el principal obstáculo para que la economía española comience a calentar motores.

Y tan difícil como saber lo que hay que hacer es hacerlo. CC.OO. y UGT no solo heredaron los sindicatos verticales de Franco “con los ascensores funcionando”, sino también la legislación laboral de una dictadura, para la que los empleadores eran sospechosos de oficio y los empleados debían ser adulados/protegidos para que no cayeran en la perversión marxista.

La superestructura laboral –principalmente sindical, pero no solo– reúne demasiados intereses que hasta ahora han impedido el decretazo que la suprimiera. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ya contaba en su último libro, que al último Gobierno Aznar le faltó fuerza y cuando CC.OO. y UGT convocaron una huelga general, se paró cualquier intento de modificar reforma.

Pero ahora, al revés que entonces, España va muy mal y a fuerza de no hacerla, la reforma laboral se ha convertido en la prueba del algodón que utilizaran quienes tienen en su mano el dinero suficiente para que España salga del boquete: Berlín, Bruselas, Francfort, Washington y los mercados financieros internacionales

Mucho antes que las concentraciones callejeras, reputadas instituciones independientes de los partidos habían manifestado en sus respectivos informes la necesidad de regenerar el sistema. Pero el stablishment huye del cambio y pone sordina a los intelectuales y a la calle.

Las manifas y concentraciones que han cruzado España en la semana previa a las elecciones del 22 de mayo han conseguido posiciones informativas relevantes en los medios nacionales por que-¡por fin!- han encontrado una noticia que se salía del cansino divagar sobre las consignas electoreras o del recuento de los asistentes a los mítines.

En todo caso y aún a pesar de su escasa relevancia real –¿cuantos dejarán de votar convencidos por los argumentos de los manifestantes?-, las manifas han sido una pequeña muestra de descontento real de la sociedad española no solo contra el Gobierno, sino contra todo el sistema.

Y eso no ha ocurrido de repente, la necesidad de un cambio –regeneración, modificación– ha sido anunciada desde hace muchos meses por españoles de variada condición profesional e ideológica: a bote pronto recuerdo en el último año los informes de la Fundación Everis, de la Fundación Ortega y Gasset, del Colegio Libre de Eméritos y, el último por ahora, del Foro de la Sociedad Civil.

Todos estos informes, que se encontrarán en las respectivas páginas web y cuya lecura recomiendo, comparten una característica: han pasado virtualmente desapercibidos en la opinión, porque unos libracos de doscientas páginas no merecen la atención de los medios, que en el mejor de los casos los despachan con una foto del acto de presentación.

Pero la clandestinidad no es la única condición común de los meritorios informes; con unas palabras u otras, la primera conclusión de todos ellos es que los partidos políticos han secuestrado a la sociedad española. Desde que se aprobó la Constitución vigente hemos  asistido a un proceso de la fagocitación partidaria del poder judicial, del Parlamento, de los medios de comunicación, de la Universidad, de los sindicatos… De manera que declararse ,y realmente ser, independiente se ha convertido en el más seguro camino de perdedores.

Las terapias propuestas para esta patología de diagnóstico común son variadas. Y está bien que lo sean porque la reforma de la ley electoral, o del reglamento de las Cortes, o de las competencias en educación y sanidad, no debe ser cuestión de aritmética parlamentaria, sino de debate sereno y constructivo por las partes implicadas.

En todo caso, lo que queda claro es que la parte inicial de las manifas callejeras, que reivindicaban asuntos tan sensatos como la supresión de gastos públicos suntuarios, la abolición de privilegios procesales a los políticos, la imprenscribilidad de los delitos de corrupción,etc., son una expresión coincidente con la que habían expresado antes casi un centenar de profesionales reputados e independientes, de forma más civilizada y coherente… Y que pasaron desapercibidos precisamente porque al stblishment ,al que otros dicen  tecnoestructura, no le interesa que se cuestione su papel social ni, mucho menos, su poder.

Por eso un servidor se siente antisistema, aunque no haya estado, ni piensa estar en la Puerta del Sol y se haya limitado a leer los informes en su casa.