Jose María García-Hoz

Para algunos resulta intolerable que los estudios de la Academia de la Historia no se atengan a la corrección política imperante. Propongo que a partir de ahora sean los grupos parlamentarios quienes elijan a los académicos y, para segurar, que sea Santillana, la editorial del grupo Prisa, la que edite esos trabajos.

La Academia de la Historia acaba de publicar y hacer pública una colección de miles de biografías de españoles que ya han pasado a la historia con mejor o peor reputación. La iniciativa fué saludada con general complacencia, hasta que algunos dieron leer biografías cuyos perfiles no casaban con su sensibilidad, o su criterio. Con los diarios El País y Público como buques insignia, la flota se puso en marcha, hasta que la Junta Directiva de la Academia anunció que rectificaría los contenidos en línea con lo sugerido por esos periódicos, y los pocos centenares de personas gente que se manifestaron frente a la Academia.

Para evitar nuevos desaguisados propongo que en la Ley de Economía Sostenible se añada una clausula en la que se cambie el modo de elegir a los académicos y en lugar que sea por votación entre ellos, los académicos sean elegidos por los partidos con representación parlamentaria, en función de los escaños obtenidos en las últimas elecciones. Así los Académicos de la Historia serían democráticos, en lugar de como hasta ahora que son elegidos en función de sus acreditados méritos científicos.

Este sistema que propongo no es nuevo: ya lo hizo Felipe González –por cierto, muy elogiado en su biografía–con , de forma que los miembros del Consejo General dejaron de ser elegidos por los propios jueces, como estipula la Constitución, y pasaron a la designación parlamentaria. El resultado de aquella operación no puede ser mejor: la interminable bronca entre jueces elegidos por un partido o por otro, o el pasotismo más absoluto de una institución cuyos dirigentes cuidan de los intereses de quienes les eligieron y se olvidan de la ciudadanía.

Desde el Tribunal Constitucional, a las diferentes Comisiones de supervisión del mercado, al Consejo de Estado, al Consejo de RTVE… Las instituciones españolas dejan mucho que desear en su aportación a la sociedad, precisamente porque están controladas por el Gobierno y por los partidos políticos. Las que debían ser un contrapoder, o una limitación del poder político, se han fusionado con él.

Se comprende que en este escenario de silencio de los corderos, el juicio independiente de la Academia de la Historia haya provocado el griterío de quienes no entienden más principio que el de la corrección política, y en la manifestación callejera el mejor método para dirimir las inevitables y sanas disputas científicas. Seguramente la veterana institución –fundada en 1738– escapó de las garras partidarias porque su mínimo presupuesto no alcanzaba para coches y escoltas.

Criticar al Gobierno es una actividad altamente saludable porque, entre otras cosas, significa que el crítico pone su cabeza a trabajar en asuntos de interés público. Lamentablemente, hoy no puedo hacerlo: he pensado sobre las medidas contenidas en el proyecto de ley de economía insostenible y creo que la política de acabar con la piratería en Internet es un política necesaria.

De manera inmediata, a velocidad superdigital, España debe dejar de ser el país occidental donde más y mejor florece la piratería de los productos intelectuales. Es superurgente: del top manta a las descargas ilegales, pasando por la fotocopia de libros.

No estamos ante una cuestión de honrilla, de hinchar pecho diciendo que aquí somos más legales que “naide”; se trata de algo mucho más material: no cegar un sector de actividad económica que puede proporcionar mucho dinero y mucho empleo.

Mientras persista la situación de robo indiscriminado no habrá inversores nacionales ni extranjeros que metan sus euros en apoyo de la fantástica creatividad de los españoles. Tampoco nadie compraría un piso en un barrio dominado por los okupas. O nadie investigaría en nuevas medicinas si no esperara un beneficio. Las cosas funcionan así, y no funcionan mal.

Ya se sabe, y como duele, que la velocidad de la Red es en España la más lenta de Europa. ¿Quien está interesado en aumentarla? Las operadoras no, porque  más velocidad con la misma seguridad, solo reportaría ventajas al pirata. Ahora bajar ahora las películas o ver los partidos por la patilla cuesta un buen rato; con un par de megas de velocidad, los inconvenientes se reducirían y el número de pillos crecería.

La seguridad es indispensable. No tengo capacidad para opinar si el sistema elegido por el Gobierno zapaterial es mejor o peor. Me da la impresión que es igual que en los demás países del mundo civilizado.

Como cualquiera temo que una Admisitración tan incompetente como la española se encargue de la seguridad en la Red, pero encargar de ella a los jueces me produce todavía más escalofríos.