Jose María García-Hoz

Para algunos resulta intolerable que los estudios de la Academia de la Historia no se atengan a la corrección política imperante. Propongo que a partir de ahora sean los grupos parlamentarios quienes elijan a los académicos y, para segurar, que sea Santillana, la editorial del grupo Prisa, la que edite esos trabajos.

La Academia de la Historia acaba de publicar y hacer pública una colección de miles de biografías de españoles que ya han pasado a la historia con mejor o peor reputación. La iniciativa fué saludada con general complacencia, hasta que algunos dieron leer biografías cuyos perfiles no casaban con su sensibilidad, o su criterio. Con los diarios El País y Público como buques insignia, la flota se puso en marcha, hasta que la Junta Directiva de la Academia anunció que rectificaría los contenidos en línea con lo sugerido por esos periódicos, y los pocos centenares de personas gente que se manifestaron frente a la Academia.

Para evitar nuevos desaguisados propongo que en la Ley de Economía Sostenible se añada una clausula en la que se cambie el modo de elegir a los académicos y en lugar que sea por votación entre ellos, los académicos sean elegidos por los partidos con representación parlamentaria, en función de los escaños obtenidos en las últimas elecciones. Así los Académicos de la Historia serían democráticos, en lugar de como hasta ahora que son elegidos en función de sus acreditados méritos científicos.

Este sistema que propongo no es nuevo: ya lo hizo Felipe González –por cierto, muy elogiado en su biografía–con , de forma que los miembros del Consejo General dejaron de ser elegidos por los propios jueces, como estipula la Constitución, y pasaron a la designación parlamentaria. El resultado de aquella operación no puede ser mejor: la interminable bronca entre jueces elegidos por un partido o por otro, o el pasotismo más absoluto de una institución cuyos dirigentes cuidan de los intereses de quienes les eligieron y se olvidan de la ciudadanía.

Desde el Tribunal Constitucional, a las diferentes Comisiones de supervisión del mercado, al Consejo de Estado, al Consejo de RTVE… Las instituciones españolas dejan mucho que desear en su aportación a la sociedad, precisamente porque están controladas por el Gobierno y por los partidos políticos. Las que debían ser un contrapoder, o una limitación del poder político, se han fusionado con él.

Se comprende que en este escenario de silencio de los corderos, el juicio independiente de la Academia de la Historia haya provocado el griterío de quienes no entienden más principio que el de la corrección política, y en la manifestación callejera el mejor método para dirimir las inevitables y sanas disputas científicas. Seguramente la veterana institución –fundada en 1738– escapó de las garras partidarias porque su mínimo presupuesto no alcanzaba para coches y escoltas.

Mucho antes que las concentraciones callejeras, reputadas instituciones independientes de los partidos habían manifestado en sus respectivos informes la necesidad de regenerar el sistema. Pero el stablishment huye del cambio y pone sordina a los intelectuales y a la calle.

Las manifas y concentraciones que han cruzado España en la semana previa a las elecciones del 22 de mayo han conseguido posiciones informativas relevantes en los medios nacionales por que-¡por fin!- han encontrado una noticia que se salía del cansino divagar sobre las consignas electoreras o del recuento de los asistentes a los mítines.

En todo caso y aún a pesar de su escasa relevancia real –¿cuantos dejarán de votar convencidos por los argumentos de los manifestantes?-, las manifas han sido una pequeña muestra de descontento real de la sociedad española no solo contra el Gobierno, sino contra todo el sistema.

Y eso no ha ocurrido de repente, la necesidad de un cambio –regeneración, modificación– ha sido anunciada desde hace muchos meses por españoles de variada condición profesional e ideológica: a bote pronto recuerdo en el último año los informes de la Fundación Everis, de la Fundación Ortega y Gasset, del Colegio Libre de Eméritos y, el último por ahora, del Foro de la Sociedad Civil.

Todos estos informes, que se encontrarán en las respectivas páginas web y cuya lecura recomiendo, comparten una característica: han pasado virtualmente desapercibidos en la opinión, porque unos libracos de doscientas páginas no merecen la atención de los medios, que en el mejor de los casos los despachan con una foto del acto de presentación.

Pero la clandestinidad no es la única condición común de los meritorios informes; con unas palabras u otras, la primera conclusión de todos ellos es que los partidos políticos han secuestrado a la sociedad española. Desde que se aprobó la Constitución vigente hemos  asistido a un proceso de la fagocitación partidaria del poder judicial, del Parlamento, de los medios de comunicación, de la Universidad, de los sindicatos… De manera que declararse ,y realmente ser, independiente se ha convertido en el más seguro camino de perdedores.

Las terapias propuestas para esta patología de diagnóstico común son variadas. Y está bien que lo sean porque la reforma de la ley electoral, o del reglamento de las Cortes, o de las competencias en educación y sanidad, no debe ser cuestión de aritmética parlamentaria, sino de debate sereno y constructivo por las partes implicadas.

En todo caso, lo que queda claro es que la parte inicial de las manifas callejeras, que reivindicaban asuntos tan sensatos como la supresión de gastos públicos suntuarios, la abolición de privilegios procesales a los políticos, la imprenscribilidad de los delitos de corrupción,etc., son una expresión coincidente con la que habían expresado antes casi un centenar de profesionales reputados e independientes, de forma más civilizada y coherente… Y que pasaron desapercibidos precisamente porque al stblishment ,al que otros dicen  tecnoestructura, no le interesa que se cuestione su papel social ni, mucho menos, su poder.

Por eso un servidor se siente antisistema, aunque no haya estado, ni piensa estar en la Puerta del Sol y se haya limitado a leer los informes en su casa.