Jose María García-Hoz

Según, Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE y uno de los buenos economistas nacionales que lleva tiempo dedicado al tema, la temida y necesaria reforma laboral se juega en estos cinco puntos.

1. Reducir los excesivos costes laborales, limitando el máximo indemnizatorio en caso de despido;

2. Derogar los contratos temporales y establecer un único contrato, indefinido, y con un coste de despido creciente y limitado;

3. Flexibilizar la negociación colectiva, eximiendo a las pymes de menos de diez trabajadores de la aplicación de convenio alguno y dejando paso a la legislación general laboral si no hay acuerdo en el plazo necesario entre las partes negociadoras del convenio colectivo;

4. Seguridad social: supresión de la cotización mínima actual de la seguridad social, de modo que la cuantía fuera proporcional a la nómina afectada; la exención de pago para los autónomos en los meses que no tuvieran actividad; y el aumento de la cuota máxima que es excesivamente baja en España;

5. Desjudicialización de los despidos, de modo que, tal como sucede en el resto de Europa, la relación laboral se extinguiera directamente con el pago de los costes de despido, sin esperar a que un juez de lo social tenga que decidir sobre su procedencia.

Qué difícil será hacerlo

Ya se que el texto anterior no descubre un ignoto mediterráneo, pero como los buenos economistas, Díaz-Giménez ha sintetizado con claridad el nudo gordiano de lo que, en este momento, constituye el principal obstáculo para que la economía española comience a calentar motores.

Y tan difícil como saber lo que hay que hacer es hacerlo. CC.OO. y UGT no solo heredaron los sindicatos verticales de Franco “con los ascensores funcionando”, sino también la legislación laboral de una dictadura, para la que los empleadores eran sospechosos de oficio y los empleados debían ser adulados/protegidos para que no cayeran en la perversión marxista.

La superestructura laboral –principalmente sindical, pero no solo– reúne demasiados intereses que hasta ahora han impedido el decretazo que la suprimiera. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ya contaba en su último libro, que al último Gobierno Aznar le faltó fuerza y cuando CC.OO. y UGT convocaron una huelga general, se paró cualquier intento de modificar reforma.

Pero ahora, al revés que entonces, España va muy mal y a fuerza de no hacerla, la reforma laboral se ha convertido en la prueba del algodón que utilizaran quienes tienen en su mano el dinero suficiente para que España salga del boquete: Berlín, Bruselas, Francfort, Washington y los mercados financieros internacionales

Los exabruptos de Alfonso Guerra sobre su antiguo jefe, José Luis Rodríguez Zapatero, soltados en la Cadena Ser, no solo retratan la altura humana del ex vicepresidente del Gobierno, sino que deja claro, una vez más, que la omertá es el primer principio de los partidos políticos españoles.

La gente se pregunta por qué si Alfonso Guerra era tan crítico con la política desarrollada por Rodríguez Zapatero no lo dijo antes, cuando era tan bien tratado por el partido en el poder, que le seleccionó como Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, un puesto de buena retribución y poco trabajo.

Pues si calló fue en virtud del principio que él mismo estableció cuando era número 2 del Psoe y del Gobierno: el que se mueva no sale en la foto. Si durante el zapaterato hubiera hablado en un tono mínimamente crítico y en un entorno de audiencia poco superior al de una cena de amigos, Alfonso Guerra habría sido reducido a la condición de Diputado simpliciter y en las últimas elecciones generales, su nombre habría desaparecido de la candidatura del PSOE por Sevilla.

Los militantes de los partidos, aunque tengan tanta solera como Guerra, solo tienen oportunidad de corregir al Jefe cuando no hay Jefe. Poco importa que se haga una aportación de mérito y bien intencionada.

Como en el Partido Popular sí hay un Jefe consolidado, y en condiciones de repartir trabajos distinguidos, el silencio es la práctica general en el entorno de Mariano Rajoy: el que hable no será Ministro. Así que ya saben: el aspirante que haga declaraciones en un medio de comunicación se quedará sin cartera.

Dado que, a su vez, los partidos políticos son los casi exclusivos protagonistas de la vida pública española, no debe extrañar que el debate ideológico, político, económico, etc., se desarrolle con la frondosidad de un erial.