Jose María García-Hoz

Para algunos resulta intolerable que los estudios de la Academia de la Historia no se atengan a la corrección política imperante. Propongo que a partir de ahora sean los grupos parlamentarios quienes elijan a los académicos y, para segurar, que sea Santillana, la editorial del grupo Prisa, la que edite esos trabajos.

La Academia de la Historia acaba de publicar y hacer pública una colección de miles de biografías de españoles que ya han pasado a la historia con mejor o peor reputación. La iniciativa fué saludada con general complacencia, hasta que algunos dieron leer biografías cuyos perfiles no casaban con su sensibilidad, o su criterio. Con los diarios El País y Público como buques insignia, la flota se puso en marcha, hasta que la Junta Directiva de la Academia anunció que rectificaría los contenidos en línea con lo sugerido por esos periódicos, y los pocos centenares de personas gente que se manifestaron frente a la Academia.

Para evitar nuevos desaguisados propongo que en la Ley de Economía Sostenible se añada una clausula en la que se cambie el modo de elegir a los académicos y en lugar que sea por votación entre ellos, los académicos sean elegidos por los partidos con representación parlamentaria, en función de los escaños obtenidos en las últimas elecciones. Así los Académicos de la Historia serían democráticos, en lugar de como hasta ahora que son elegidos en función de sus acreditados méritos científicos.

Este sistema que propongo no es nuevo: ya lo hizo Felipe González –por cierto, muy elogiado en su biografía–con , de forma que los miembros del Consejo General dejaron de ser elegidos por los propios jueces, como estipula la Constitución, y pasaron a la designación parlamentaria. El resultado de aquella operación no puede ser mejor: la interminable bronca entre jueces elegidos por un partido o por otro, o el pasotismo más absoluto de una institución cuyos dirigentes cuidan de los intereses de quienes les eligieron y se olvidan de la ciudadanía.

Desde el Tribunal Constitucional, a las diferentes Comisiones de supervisión del mercado, al Consejo de Estado, al Consejo de RTVE… Las instituciones españolas dejan mucho que desear en su aportación a la sociedad, precisamente porque están controladas por el Gobierno y por los partidos políticos. Las que debían ser un contrapoder, o una limitación del poder político, se han fusionado con él.

Se comprende que en este escenario de silencio de los corderos, el juicio independiente de la Academia de la Historia haya provocado el griterío de quienes no entienden más principio que el de la corrección política, y en la manifestación callejera el mejor método para dirimir las inevitables y sanas disputas científicas. Seguramente la veterana institución –fundada en 1738– escapó de las garras partidarias porque su mínimo presupuesto no alcanzaba para coches y escoltas.

En el presente año el Gobierno central invertirá 130,9 millones de euros en 114 campañas de publicidad, siempre que se cumplan las previsiones presupuestarias, que esa es otra. Casi con seguridad, esta cifra le situará en el número uno del ranking de anunciantes españoles, por encima de Telefonica (129,3 millones en 2009) y de Procter & Gamble España (111,4 millones).

Según los planes elaborados/aprobados por la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional (Ministerio de la Presidencia), diecisiete campañas superarán los 2 millones de inversión y cinco invertirán por encima de 6 millones de euros cada una: Seguridad Vial 16,2 millones de euros; Campaña de Apoyo al Reclutamiento militar 9,4 millones; Ahorro de Energía-Selección Nacional de Fútbol, 8,4 millones;From, 6 millones; y Divulgación de las obras del Fondo Estatal para el Empleoy Sostenibilidad Local, 6 millones.

Para la gente que andamos en los medios, mientras pague, cualquier anunciante es bueno porque el negocio anda regular: en España durante el año 2009 el conjunto de la inversión publicitaria en medios alcanzó los 5.600 millones de euros, con una caída del 20,9 por ciento y eso que en 2008 ya había bajado el 13 por ciento respecto 2007. O sea, que bienvenido el anunciante aunque sea con dinero de todos.

En cualquier caso, deben hacerse algunas observaciones: estamos hablando del Gobierno central si a las cifras apuntadas añadiéramos la inversión publicitaria de ayuntamientos y autonomías la cantidad sería mucho mayor, unos 300 millones si se aplicara a este capítulo de los Presupuestos del Estado la regla general de que a estas alturas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos corren con el 60 por ciento del gasto público.

Por otro lado tampoco se incluyen en estas cifras las 48 campañas de algunas empresas o iniciativas públicas que cuentan con un presupuestos diferenciado del de el Ministerio correspondiente . En este apartado hay siete campañas con una inversión superior a los 2 millones de euros: lotería nacional (dos campañas, 55 millones de euros);Plan Fomento Turístico Internacional (46 millones); la de colocación de Deuda Pública (12,3 millones); lanzamiento de la nueva línea de AVE Madrid-Cuenca-Albacete-Valencia (6 millones); Paradores de Turismo (3,2 millones);promoción general de los servicios AVE (2,9 millones); y, por último, Promoción de la programación de los centros artísticos del INAEM (2,9 millones).