Jose María García-Hoz

Rodrigo Rato, Presidente de Caja de Madrid, recibe en concepto de sueldo el treinta por ciento más que su predecesor en el cargo, Miguel Blesa. Fuera parte de consideraciones estético-demagógicas, es una retribución indiscutible en la medida que ha sido acordada por los órganos de Gobierno de la entidad… Igual que lo fue el plan de pensiones para la alta dirección, aprobado en tiempos de  Miguel Blesa.

La escandalera organizada por el grupo Unidad Editorial en torno a la supuestamente escandalosa retribución, vía una modalidad de fondo de pensiones, del equipo que con Miguel Blesa gestionó Caja Madrid durante quince años, para mí solo tiene una explicación política. Y digo política porque ni las cifras ni su implementación jurídica pueden escandalizar a nadie que conozca como se las gastan en el sector financiero español. Veinticinco millones de euros para las pensiones del conjunto de las diez personas que conformaban la anterior dirección de Caja Madrid puede resultar una cifra escandalosa para el común, pero es el chocolate del loro comparada, por ejemplo, con los setenta millones que ya ha lucrado vía fondo de pensiones un gran amigo de Rodrigo Rato, Francisco González, el presidente del BBVA, que en su momento también pretendió negar el fondo de pensiones que le correspondía a su antecesor, Emilio Ybarra.

Ya digo que las cifras de emolumentos de la banca española llaman la atención, pero en ese contexto, los de Caja Madrid están muy por debajo de la media. Por otra parte, las retribuciones ordinarias y extraordinarias de la alta dirección fueron en su momento aprobadas por los órganos competentes de Caja de Madrid y, siguiendo una práctica contable ortodoxa, esas cantidades fueron cargadas año tras año a la cuenta de pérdidas y ganancias… Esos órganos competentes  son los mismos (incluso en la mayoría de las personas que los componen) que ahora pretenden anular –la última palabra será la del juez–  una decisión en virtud de argumentos tan peregrinos como la crisis financiera que nos azota, o porque la Caja ha recibido los fondos públicos para su saneamiento. Siguiendo ese razonamiento y dado que el futuro inmediato es oscuro para el sector financiero español, podría llegar un momento en que el Consejo de Caja Madrid obligara a Rato a renunciar a su sueldo, dada las dificultades de la Caja  para sanear el balance y que al fin y al cabo, Rodrigo Rato ya gana bastante dinero pronunciando conferencias a 10.000 euros la pieza, o sencillamente  con su pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales como ex director general del FMI.

Sin razones económicas, pues los planes de pensiones ya estaban contabilizados en ejercicios anteriores y sin razones jurídicas, pues por lo que se sabe todas las decisiones fueron adoptadas por los órganos competentes de la Caja,  hay que acudir, por defecto,  a la motivación política de la decisión de no honrar los compromisos y el consiguiente guirigay. Como se recordará hace dos años, Miguel Blesa, con el apoyo del alcalde Ruiz Gallardón, luchó a brazo partido para permanecer en su puesto de presidente. Esa resistencia –desde mi punto de vista no justificada, pero legítima– obligó a que la Comunidad de Madrid tuviera que retirar a su candidato para ese puesto, nada menos que el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González.

Dado el enfrentamiento Comunidad-Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid acabó por pactar con la dirección nacional del PP que el nuevo presidente fuera Rodrigo Rato, pero por lo visto ahora, la Comunidad quiere que rueden las cabezas, y los bolsillos, de quienes  frustraron el primer asalto a Caja Madrid. Como respira política por todos sus poros, no será Rodrigo Rato, quien prefiera  defender una causa perdida, a pesar de que si no lo hace violenta la razón y el sentido común… Al fin y al cabo, la privatización  está a la vuelta de la esquina y habrá oportunidad de cobrar los favores prestados al ego del vencedor.

 

 

 

 

 

Lo dijo alto (nada menos que en la primera página de Financial Times el lunes 16 de noviembre) y claro: de aquí a primavera deben desaparecer, entre la tercera parte y la mitad de las 47 cajas de ahorros españolas, dependiendo de la profundidad y duración de la crisis.

El Gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, hizo estas declaraciones con un doble objetivo: iniciar de una buena vez el proceso de fusiones y adquisiciones en el sector “cajario” español y calmar la impaciencia del Banco Central Europeo, ciertamente nervioso con la “pachorra” que en España se está tomando el problema de esas cajas “zombies” que, incapaces de funcionar sin las ayudas crediticias extraordinarias del BCE, utilizan estas para competir (y enrarecer) el mercado.

Aunque se dice que el proceso de corta y pega de las cajas será, como todas las guerras al empezar, corta y fácil, nadie está seguro de que en este caso vaya a ser así. Tenemos guerra para rato y de momento lo mejor que se puede hacer es intentar analizar las fuerzas de cada combatiente y sus intereses.

1. BANCO DE ESPAÑA: SANEAR A TODA COSTA. Su primer objetivo es lograr la estabilidad de un sistema de cajas, que el colapso financiero internacional y la sucesiva crisis en la economía real ha puesto contra las cuerdas. Según la doctrina del Banco de España, publicada en documentos e intervenciones del Gobernador, uno de los grandes problemas de las cajas reside en que sus excesivos gastos de explotación, exceso que resulta incompatible con el actual descenso en el nivel de negocio y del aumento de los fallidos.

Y la única manera de disminuir sustancialmente los gastos de explotación es fusionar cajas, de manera que se bajen gastos de dirección y de estructura, cerrando oficinas y, en consecuencia, aumente la productividad del sistema. Naturalmente, el Banco de España prefiere que este proceso, inevitablemente traumático, se haga desde la racionalidad económico-financiera y con la mayor tranquilidad posible. Pero si ese método resultara imposible, al BdE no le temblará la mano. Igual que cayó Caja Castilla la Mancha pueden caer otras, en la medida que la recesión continúe al mando de la economía española. Advertir y amenazar adecuadamente con ese riesgo de la fusión o el caos será la gran baza política del BdE.

2. POLITICOS AUTONOMICOS: NO ME TOQUE LO MIO. Los políticos autonómicos en el poder son partidarios de la fusión de las cajas, aunque ponen dos condiciones relevantes. Primera: no perder capacidad de control sobre la entidad y capacidad de nombrar/cesar al presidente y director general de las cajas con sede en la autonomía que presiden; esa condición veta las fusiones que supongan traslado fuera de la autonomía del domicilio social o fiscal. Por eso se ha atascado el proyecto de fusión Caja de Madrid con Caixa Galicia y la alicantina CAM: Alberto Nuñez Feijoo, presidente Comunidad de Galicia y Francisco Camps, su homólogo en Valencia, vetaron a “sus” cajas cualquier aproximación.

Segunda condición que el obligado adelgazamiento de la plantilla evidenciado por la fusión se haga sin alboroto. Los ejemplos de los empleados de Caja de Navarra manifestándose frente a la sede del Gobierno de Navarra (cuyo presidente también preside la CAN) y del malestar sindical por el cierre de 500 oficinas y por los 1.800 empleos que se perderán en la fusión de las cajas catalanas Manresa, Tarragona y Catalunya son solo muestras de lo que en términos de agitación puede ocurrir si los 40.000 empleados de las cajas que deberán dejar de serlo no lo hacen por las buenas. Por su parte, la fusión de las cajas de Girona, Sabadell, Manlleu y Terrassa progresa con envidiable paz laboral, porque la operación solo tiene prevista reducir plantilla vía prejubilaciones.

Para el presidente de cualquier comunidad autónoma, al margen de su ideología, una caja de ahorros es una suerte de banco público a disposición de sus intereses políticos. Una caja bien controlada permite operaciones “especiales” de financiación:¿Cuántos años pasaron sin la que la Caixa reclamara un crédito impagado al PSC?, ¿Habría sido posible que CCM financiara el aeropuerto de Ciudad Real o el complejo de la Ciudad de Don Quijote sin el mandato de José Bono, a la sazón presidente de Castilla La Mancha? ¿Se habría metido Caja de Madrid en el proyecto del Parque Warner, o las cajas de levante en el de Ciudad Mítica sin el respectivo mandato imperativo de Ruiz Gallardón y EduardoZaplana?.

3. PRESIDENTES Y DIRECTORES DE CAJAS: DEFENSA DEL COCIDO. Todos son partidarios, siempre que ganen poder, o por lo menos no lo pierdan, en la caja fusionada, pero en la fusiones verdaderamente operativas y sinérgicas, resulta difícil hacer la tortillas sin cascar los huevos, como lo demuestran unos cuantos ejemplos de proyectos frustrados, a pesar de contar con el visto bueno de las autoridades políticas autonómicas.

Caja de Burgos se descolgó de la fusión con Caja España (Valladolid) y Caja Duero (Salamanca) porque en la resultante perdían representación los órganos de Caja Burgos. En medios financieros también se dice que la calidad del balance de la burgalesa era muy superior a la de las otras dos, porque aquella no había participado en el delirante festín expansivo de años anteriores.

La CAM, de Alicante, es otro ejemplo de resistencia a la fusión intraregional con Bancaja, de Valencia, a pesar de que los políticos autonómicos, primero el alicantino Zaplana y ahora el valenciano Camps, apoyaban la operación.

La Kutxa de San Sebastian rechazó en su momento la fusión con BBK de Bilbao y Caja Vital de Vitoria por iguales motivos e intereses (aunque seguramente la Kutxa era, de las tres, la que más necesitaba la operación).

En fin, la otrora todopoderosa Magadalena Alvarez, en sus casi diez años como Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, no consiguió su empeño de ver fusionadas a todas las cajas de ahorro de la región: Braulio Medel continúa mandando en la malagueña Unicaja, mientras que Antonio Pulido preside la sevillana Cajasol.

4. PARTIDOS NACIONALES: OJO A LA OBRA SOCIAL. La guerra desatada entre Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alberto Ruiz Gallardón, alcalde la Villa y Corte, por el nombramiento del presidente de Caja Madrid ha propiciado que Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, advirtiera que desde la cuarta institución financiera del país se puede llegar a controlar el conjunto del Partido Popular.

Si salirse de su misión específica, las obras sociales y las fundaciones de las cajas de ahorro pueden condicionar las votaciones internas en la que se eligen a los jefes de los partidos: a este alcalde le financio su proyecto, y a este otro no. Por eso, una Caja de Madrid presidida por Ignacio González (supuesto desechado por el momento), por el favorito Rodrigo Rato o con la continuación de Miguel Blesa (si la juez decide paralizare el proceso electoral de la Caja) presentan diferencias muy importantes para el futuro del propio Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular.

5.ESCARAMUZAS COLATERALES. En cualquier caso, las cajas de comunidades uniprovinciales –Cajastur, Caja Cantabria, Caja Murcia, Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Círculo, etc.—tienen una supervivencia objetivamente más difícil que las más grandes: a la hora de conseguir economías de escala en grupos grandes o medianos, estas cajas tienen un balance pequeño provocado porque su mercado de origen también es pequeño y su balance también.

Esa dificultad objetiva la ha superado Cajastur al absorber a CCM. La ingeniería jurídica aplicada en esa operación ha resultado tan complicada, precisamente porque la absorbente era de menor tamaño que la absorbida. De hecho, las dos cajas pertenecen hoy a un banco controlado por Cajastur…Lo cual paradójicamente permite que, sin modificar la legislación vigente, un tercero compre ese banco y se haga con las dos cajas.

A la hora de fusionarse con otras, las cajas de promoción privada contarán con menos protección de sus respectivos gobiernos autonómicos, precisamente porque su origen privado moderó la invasión política en sus órganos de gobierno.

La Caixa entre las grandes cajas es la única de fundación y origen privado, y por tanto la estabilidad de su gestión no resulta tan directamente vinculada a los vaivenes políticos, aunque desde luego la primera obligación del Presidente de la Caixa sea llevarse bien con el de la Generalitat.