Jose María García-Hoz

El ministro de Industria, Miguel Sebastian, ha reconocido que la política de subvenciones a las renovables ha sido un error. Un error que solo se puede corregir dañando todavía más la credibilidad de la economía española, o pagando una estrambótica cantidad de dinero, que España no tiene.

“Con las renovables hemos pagado la novatada”.  Palabras de apariencia inocua, pronunciadas el jueves 28 de mayo durante las Jornadas del Círculo de Economía, con las que el  el ministro de Industria, Miguel Sebastian, resumía el cisco eléctrico: cisco que él solo ha montado en este atribulado Reino de España. La novatada va costar –ya ha costado y costará mas– una enormidad de dinero (subvenciones por 9.350 millones de euros solo entre 2008 y 2009) que no saldrá del bolsillo del novato ministro, sino de el del contribuyente español. ¡Qué bien se tira con la polvora del Rey!.

Como casi siempre en España, cuando un negocio depende del Gobierno se se suele montar un lío guapo, guapo: fué el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en particular su  (in)competente Ministro de Industria el que estableció unas subvenciones gigantescas a la producción eléctrica de fuentes renovables.

Durante los últimos años del boom económico hacer una huerta solar o plantar unos molinos de viento ha sido, después del inmobiliario, el mejor negocio de España: se pedía prestado el dinero al banco para contsruir una huerta, con la proudcción de electricidad que se vendía a un superprecio super subvencionado, se  devolvían los intereses y el principal  y después de diez o doce años, todo el rendimiento de la producción (y la subvención anexa) se metía en el bolsillo. ¿Cuanto dinero bancario hay comprometido en  este proyecto?. Imposible de saber, pero las estimaciones que he leído apuntan a 30 mil millones de euros, muy buena parte extranjero.

Esas exuberantes e irracionales subvenciones explican el vuelco de la producción de electricidad en España: en 2006 las diferentes fuentes de energía renovable suministraron el 18,7 por ciento de la electricidad consumida. Desde entonces, su cuota en el pastel eléctrico nacional no ha dejado de crecer: 20 por ciento en 2007; 24,7 en 2008; y, en fin, el 30 por ciento en 2009. A más a más: en ninguno de los cuatro primeros meses de 2010 la cuota de las renovables  ha bajado del 33 por ciento.

En este periodo la gran perdedora parece la electricidad producida en centrales de ciclo combinado que queman gas para producir electricidad, cuya porción de tarta en 2008 y 2009  superó holgadamente  el 30 por ciento, pero que  en ninguno de los cuatro primeros meses de 2010 alcanzó el 23 por ciento.

Solo estos números explican la feroz batalla eléctrica que se libra actualmente, en los pasillos de Moncloa, del Ministerio de Industria y en las informaciones de los medios. Es una batalla, no hay que decirlo en la que se juegan muchos miles de millones de euros: el Ministerio de Industria comprometió 125 mil millones de euros en subvenciones durante los próximos 25 años. Los porductores electricos tradicionales exigen que se suprima la subvención, mientras que los renovables exigen el cumplimiento de los legislado. En ambos bandos se utiliza todo el armamento disponible.

Si se ponen nombres propios a los contendientes, en un lado hay que poner a Gas Natural Fenosa y en el otro a Acciona. Como su mismo nombre indica Gas Natural es el primer importador y maquilador de gas en España y su interés, lógicamente, estriba en que aumente el consumo del mismo en las 38 centrales de ciclo combinado españolas, incluyendo las propias. Al contrario que Acciona, un líder mundial el terreno de las renovables, cuyo negocio  principal es el diseño, construcción y explotación de plantas de energía renovables. Aunque su negocio es grande, depende en buena parte de las subvenciones públicas (con dinero del público) a esas sistemas.

Casi todo el mundo está de acuerdo en que las subvenciones a las renovables son un lujo que la economía española nunca se pudo permitir, y menos  en estos años de depresión. Pero no menos cierto resulta que  cambiar la legislación vigente para cortar ahora la subvenciones comprometidas para los próximos 25 años, con  inversiones hechas o en curso, crea una inseguridad jurídica y una desconfianza hacia España que es lo último que necesita un país bajo sospecha.

Total que nuestro señor ministro de Industria ya no es un novato porque  sabe lo que es una novatada. Lástima que el aprendizaje nos haya costado tanto dinero a los contribuyentes españoles. Habría salido menos caro que siguiera estudiando en Minnesota, hasta que de verdad hubiera aprendido que, como dijo Eugenio D’Ors, los experimentos se deben hacer con gaseosa y no con  dinero del público contribuyente.

La quiebra del banco de inversión Lehman Brothers puso al borde del precipio a toda la economía mundial, hace ahora trece meses. Ante la emergencia, los gobiernos reaccionaron de dos maneras: en los países que no existía un razonable nivel de estado de bienestar –subsidio de paro generalizado, cuidados médicos, pensiones…– los gobiernos inyectaron el dinero que tenían y el que no tenían para que la economía no se parara. Fue, singularmente, el caso de Estados Unidos. Los grandes de Europa, sin embargo, no metieron mucho dinero extra porque el propio sistema garantizaba que las personas no se quedaran sin ingresos, aunque se quedaran sin trabajo.

España, siempre diferente, hizo las dos cosas: a pesar de tener un razonable sistema de seguridad, no se privó de inyectar mucho dinero en la economía –los 5.000 millones por devolución de 400 euros a los contribuyentes, los 8.000 millones del fondo para obras de los ayuntamientos.

El personal que recibió los 400 euros decidió no gastarlos, sino ahorrarlos (decisión razonable dada la incertidumbre sobre el futuro económico) y una vez terminadas las obras municipales, los obreros volvieron al paro.

De esta forma, la economía española no va sustancialmente peor de lo que iba a ir sin las ayudas extraordinarias, pero el Estado se ha quedado sin dinero para empujar la mejora que se adivina en otros países. Eso explica la aparente contradicción: cuando Francia y Alemania se plantean bajar impuestos, España se ve obligada a subirlos, para evitar que el déficit público se dispare todavía más.

Esta es, quizás, la mejor prueba de que el Gobierno español se equivocó en el diagnóstico de la crisis, pues aunque desde la primavera de 2008 todo el mundo sabía que venía una muy gorda, el Ejecutivo sostuvo hasta bien entrado el otoño que estábamos ante un bajón fácil de remontar. Pensó que era un catarro, cuando se trataba de un neumonía grave.

Me gustaría poder decir si el error procedió de Rodríguez Zapatero, o de Solbes, o de Miguel Sebastian, pero a esas alturas de la película ya tenían tales desavenencias entre ellos que la atribución de responsabilidades concretas resulta imposible.