Jose María García-Hoz

Si el sector público español fuera una empresa, España S.A., sus cuentas le obligarían a presentar un ERE: tanto gasto de personal y tanto consumo corriente, pueden acabar obligando a reducir las prestaciones sociales.

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Una forma original de presentar las cuentas del sector público español: traducirlas al formato de la cuenta de resultados de una empresa. Es algo más que un chiste entretenido, pues facilita una perspectiva de análisis muy distinta de la habitual. Ha elaborado los datos UBS en su informe de otoño sobre la economía española. Los comentarios son míos.

¿Qué diría un analista o un consultor de empresas si viera estas cuentas? Considerando las prestaciones sociales gastos cuasi fijos, el punto débil de la cuenta de resultados de España S.A. está en el elevado gasto de personal y en el de consumos corrientes –viajes, ordenadores, bolígrafos, papel…– de las administraciones públicas, que entre ambos suponen el 50 por ciento de los ingresos ordinarios.

Con cierta perspectiva cronológica –el informe comprende el periodo 2000-2013– se aprecia el anquilosamiento del monstruo y así cuando los ingresos ( impuestos y cotizaciones sociales) empezaron a bajar, los gastos continuaron subiendo. En 2009 fué por primera vez negativo el resultado de explotación ( por mal nombre EBITDA) y este capítulo de la cuenta de resultados España S.A. seguirá en números rojos por lo menos hasta este año 2011. Como este desfase de explotación se ha cubierto con créditos, los gastos financieros se han disparado, con lo cual el beneficio ordinario de España S.A. será también negativo hasta 2013.

Un caso de libro

Para un consultor sería un caso de libro. Si España S.A. fuera, efectivamente, una empresa normal debería recuperar el equilibrio aumentando los ingresos o disminuyendo los gastos de funcionamiento. Aumentar los ingresos parece misión cuasi imposible dado que el mercado presenta síntomas de atonía: la clientela no se mueve (económicamente hablando) y si no se mueve, no se ingresan más impuestos. Disminuir costes tampoco es fácil, pero resulta la única salida para que los bancos se fíen y continuen financiando las pérdidas. En términos empresariales la dirección de España S.A. debería, como tantas otras empresas españolas, presentar un ERE y renegociar el convenio colectivo vigente, porque no lo podrá cumplir.

Pensar lo impensable

Dentro de su dificultad, rebajar costes de personal es lo primero, pero no será suficiente. Habrá que pensar lo impensable y proceder a la revisión de procesos productivos,y no rechazar necesidad de proveedores externos que con menores costes presten los mismos, o mejores, servicios. En inglés se llama outsourcing a la contratación por parte de la grandes empresas de servicios exteriores, como limpieza, seguridad, distribución, etc. No tiene ningún sentido que, por ejemplo, Iberdrola tenga en su nómina a los guardia jurados que vigilan instalaciones eléctricas y oficinas.

Una cosa es que el Estado garantice a sus clientes-ciudadanos, los mejores servicios. Y otra que estos servicios –educación y sanidad, sin ir más lejos– tengan que se prestados por funcionarios públicos. en, sin ir más lejos, sanidad y educación, pero no hay razón alguna para que dichos servicios sean facilitados directamente por el Estado… Porque si se hace así, la empresa-Estado tendrá que presentar concurso de acreedores, primero, y quiebra después.

Rajoy no concreta las medidas que tomará si, como está pronosticado, llega a La Moncloa, proque primero quiere conocer la situación real. El que debería concretar es Rubalcaba, que promete subir sueldos funcionariales y pensiones sin decir de dónde recortará los gastos o aumentará los impuestos.

Le preguntaron a Mariano Rajoy por sus medidas económicas inmediatas, cuando se cumpliera el pronostico  de que él será en nuevo inquilino de la Moncloa. Contestó que lo primero sería enterarse de donde está, de verdad, la economía española y solo después decidiría que medidas tomar. Sus adversarios le reprochan falta de concreción, pero la respuesta fué la mejor que se podía dar, porque el mayor problema de la economía española es que nadie sabe cual es su situación o, por ser más precisos, cual es la situación de las cuentas del sector público.

Su oponente, Alfredo P. Rubalcaba, ha prometido subidas moderadas en las pensiones y retribuciones de los funcionarios. Debe ser porque no espera alcanzar la Moncloa, ya que con los números oficiales en la mano, lo mejor que pueden esperar pensionistas y funcionarios es que no se rebajen sus ingresos. Y si  Rubalcaba ha prometido aumentar –aunque sea poco– pensiones y sueldos funcionariales, debería añadir de dónde va a recortar o cuales serán los impuestos que va a subir.

Los cambios de Gobierno han permitido el general conocimiento de  que en Cataluña y Castilla-La Mancha, el déficit era mucho más grave de lo supuesto, aunque se supusiera que las respectivas administraciones  anteriores no decía toda la verdad: resulta que en Cataluña hay gastos comprometidos hasta el siglo que viene y en Castilla-La Mancha han aflorado casi doscientas mil facturas escondidas en el fondo de los cajones. Creo que los recien llegado se esperaban pufos ocultos, pero no tan grandes.

¿Es Elena Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno, más responsable que sus correligionarios José Montilla o el de José Mª Barreda? No tengo ninguna razón para pensar que los políticos socialistas ganen en claridad a medida que suben de responsabilidad. Y por eso hace muy bien Rajoy en no adelantar medidas (que todo el mundo sabe serán necesariamente antipáticas) antes de conocer las cuentas reales. En todo caso, también se debería preguntar a Rubalcaba de dónde va a sacar el dinero para tanto como promete… Porque por las cuentas que presenta la Vicepresidenta, personal y políticamente patrocinada por Rubalcaba, si piensa que el sector público nacional está en condiciones de sumarse a las promesas de Rubalcaba.