Jose María García-Hoz

Ni Mendez ni Toxo van a firmar una reforma laboral que suponga quedarse sin medio de vida… En su lugar seguramente nadie lo haría…El Gobierno se mueve entre el miedo a la huelga general y la esperanza de que venga impuesta por la Unión Europea o el FMI.

La reforma laboral que  el Gobierno se había comprometido a ponerla en marcha, con o sin acuerdo de sindicatos y patronal, se retrasa:  primero era para marzo, luego para mayo, ahora en junio y seguro que, como los estudiantes regulares, deberá esperar a septiembre.

El retraso es tanto más impresentable  cuanto que la reforma es más necesaria. Todos los economistas nacionales e internacionales señalan que las recientes medidas de ajustes, por mal nombre el recortazo, pueden quedar sin sentido si no se procede a la reforma laboral (entre otras). Estamos en esa situación en la que se ha parado la hemorragia al enfermo, pero ahora necesita medicinas y quizás alguna intervención quirúrgica para que de verdad podamos hablar de comienzo de la recuperación.

Hay que decirlo claro: la reforma laboral no sale adelante porque los primeros “reformados” serían las cúpulas directivas y burocráticas de sindicatos y patronal. Tal y como está el régimen laboral vigente, estas superestructuras sindicales y empresariales fundamentan su influencia y su poder en una negoaciación colectiva igualmente superestructural: se acuerdan los convenios a nivel nacional y/o sectorial,  con sus acuerdos salariales y de todo orden obligatorios para todas las empresas de un sector como si todas las empresas fueran iguales o pasaran por la misma circunstancia.

Esa modelo, no hay que decirlo, anquilosa toda la economía porque trata como iguales a empresas que solo se parecen en la clasificación de su actividad. En el momento en que –como recomendaron los 100 economistas españoles en su manifiesto de hace un año, o la Unión Europea, o el FMI, o la OCDE y el sursum corda– los empresarios y trabajadores de un empresa pudieran negociar por ellos mismos la actividad sindical se adaptaría a la realidad… Y los secretariados nacional, confederal y demás organismos burocráticos perderían su razón de ser y, en el colmo de la racionalidad,  perderían también la subvención que obligadamente les pagan los contribuyentes españoles.

Solo con estas reformas, rutinariamente llamadas estructurales, la economía española puede caminar por una senda de crecimiento; sin ellas y por efecto del decretazo la actividad seguirá estancada,  el paro en aumento y dentro de unos meses será necesario recabar nuevas ayudas de la UE porque el sector público español seguirá siendo una máquina de perder dinero.

¿Y el Gobierno? Desde luego debería remangarse y sacar adelante por Real Decreto Ley unas medidas que los negociadores “sociales” no quieren ni ver. Si no lo hace es por miedo a la inevitable huelga general y por esperanza de que la Unión Europea, al poner en marcha el Gobierno económico común que se nos viene encima, obligue a España a articular una reforma laboral digna de tal nombre: en esa circunstancia Rodríguez Zapatero podría decir que los culpables son los socios comunitarios.

En una presentación reciente el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, rechazó describir como tsunami la sacudida económico-financiera que trae a todo el mundo de cabeza. “El tsunami –cito de memoria– es una catástrofe natural permitida por Dios o por la naturaleza sin intervención humana, mientras que los problemas actuales los hemos creado nosotros solitos, sin ayuda exterior alguna”.

Aunque Gurría hablaba a nivel global, creo que el concepto resulta del todo aplicable a España: las dificultades económicas pasadas, presentes y futuras no se deben a la mala situación del mundo, sino que tienen su origen en la política económica aplicada que, por error u omisión, está llevando a la ruina a un sistema económico entero.

Omisión en la no corrección de la burbuja inmobiliaria alentada por un régimen fiscal delirante –cuando se vendían un millón de viviendas al año, todavía existía desgravación fiscal a la compra de la misma–; omisión en la contención del gasto público y del déficit exterior –que, proporcionalmente, llegó a ser mayor del mundo; omisión también en no proceder a las reformas estructurales, –laboral y financiera– que ahogan y ahogarán el futuro cualquier crecimiento de la economía.

En la relación no exhaustiva de errores deben contarse: diagnóstico equivocado de la situación asegurando –todavía en 2008 después de las elecciones generales– que estábamos ante un traspiés, no ante un colosal batacazo; error al aplicar una política de gasto “keynesiana” para superar ese traspiés: devolución de 400 euros, ampliación de la subvención por desempleo, sucesivos Planes E municipales que a base de instalar jardineras y mejorar los bordillos de las calles acabaron por arruinar el equilibrio financiero público.

Omisiones y errores que desembocarán, por imposición de la UE y del FMI, en un mal llamado tsunami fiscal, en el que, después del primer tijeretazo, llegarán impuestos nuevos, subirán los vigentes y en consecuencia retrasarán por mucho tiempo la recuperación económica nacional. Y lo peor es la cara que se nos queda porque no podemos, como Felipe II, echar la culpa a los elementos.