Jose María García-Hoz

Dentro de que nadie es infalible y de que Moody’s también se puede equivocar, para mi tengo que sus pronósticos sobre la economía y las empresas españolas son más fiables que los del Gobierno y la UE.

A nuestra señora Vicepresidenta de Economía, Elena Salgado, le parece positiva cualquier novedad en el endiablado escenario financiero del Viejo Continente: ¿el Banco Central Europeo anuncia que subirá los tipos de interés? No problem, España se tragará sin dificultad la subida. ¿Portugal necesitará ayuda de la UE, el FMI y la Eurozona? No problem, España no es Portugal. ¿Las revueltas en el Magreb y en otros países islámicos encarecerán los precios del petróleo? No problem.

Ciertamente, el optimismo suicida de la señora Salgado encuentra respaldo en las bocas autorizadas en la Unión Europea. Ya es historia aquella Angela Merkel que amenazaba abiertamente a España, los comisiarios de la Unión también han cambiado su discurso y las dudas que  planteaban sobre la capacidad española de pagar la deuda, ahoran se han vuelto alabanzas al admirable trabajo realizado por el Gobierno.

Incluso los despiadados especuladores, concentrados ahora en la deuda portuguesa, rebajan su codicia y admiten prestar dinero a España a tipos razonables.

Pues bien, mientras que el Gobierno nacional, la Unión Europea y los mercados coinciden  en diagnosticar una mejora en la situación financiera española, llega Moody’s y rebaja la calificación financiera de la mayoría de las entidades financieras españolas: unos tocapelotas –que al oirlo esta mañana en boca de Carlos Herrera no me ha sonado tan ordinario como al escribirlo– que padecen de manía antiespañola.

¿De dónde la viene esta hispanofobia a Moody’s? ¿Reencarnación, con nombre capitalista, de la vieja leyenda negra levantada Antonio Pérez y posteriormente financiada con el Oro de Moscú?  Si fuera cierto, también sería muy cómodo. Me temo que la realidad es muy distinta:  entre los diagnósticos de Moody’s y  los del Gobierno español, y la Unión Europea hay una gran diferencia: mientras que Madrid y Bruselas tienen un interés cierto y cuantificable en que España no tenga dificultades, Moody’s solo se juega su prestigio y la credibilidad de su diagnóstico, pero ni pierde ni gana con advertir seriamente de los problemas españoles.

Moody’s no niega que España esté haciendo sus deberes, como cansinamente insisten en todas las capitales europeas, pero centra su pesimismo en las dificultades de las tareas que quedan por delante. Por ejemplo, rebajar el déficit del 9 actual al 6 por ciento a final de año, es como sacar jugo a una naranja ya exprimida: no se pueden rebajar más los sueldos de los funcionarios, ni rebajar las pensiones. Siempre queda el arma de subir los impuestos –Portugal tiene un IVA del 27 por ciento– pero cualquier subida impositiva sería añadir una nueva dificultad al crecimiento económico… Y sin crecimiento no es posible pagar las deudas.

La economía española se mueve en una suerte de circulo vicioso en el que el arreglo de un problema desarregla otro no menos grave. Y todo eso sin hablar de las Cajas… Es un camino tortuoso y Moody’s advierte de que hay riesgo de trompazo.

Ni Mendez ni Toxo van a firmar una reforma laboral que suponga quedarse sin medio de vida… En su lugar seguramente nadie lo haría…El Gobierno se mueve entre el miedo a la huelga general y la esperanza de que venga impuesta por la Unión Europea o el FMI.

La reforma laboral que  el Gobierno se había comprometido a ponerla en marcha, con o sin acuerdo de sindicatos y patronal, se retrasa:  primero era para marzo, luego para mayo, ahora en junio y seguro que, como los estudiantes regulares, deberá esperar a septiembre.

El retraso es tanto más impresentable  cuanto que la reforma es más necesaria. Todos los economistas nacionales e internacionales señalan que las recientes medidas de ajustes, por mal nombre el recortazo, pueden quedar sin sentido si no se procede a la reforma laboral (entre otras). Estamos en esa situación en la que se ha parado la hemorragia al enfermo, pero ahora necesita medicinas y quizás alguna intervención quirúrgica para que de verdad podamos hablar de comienzo de la recuperación.

Hay que decirlo claro: la reforma laboral no sale adelante porque los primeros “reformados” serían las cúpulas directivas y burocráticas de sindicatos y patronal. Tal y como está el régimen laboral vigente, estas superestructuras sindicales y empresariales fundamentan su influencia y su poder en una negoaciación colectiva igualmente superestructural: se acuerdan los convenios a nivel nacional y/o sectorial,  con sus acuerdos salariales y de todo orden obligatorios para todas las empresas de un sector como si todas las empresas fueran iguales o pasaran por la misma circunstancia.

Esa modelo, no hay que decirlo, anquilosa toda la economía porque trata como iguales a empresas que solo se parecen en la clasificación de su actividad. En el momento en que –como recomendaron los 100 economistas españoles en su manifiesto de hace un año, o la Unión Europea, o el FMI, o la OCDE y el sursum corda– los empresarios y trabajadores de un empresa pudieran negociar por ellos mismos la actividad sindical se adaptaría a la realidad… Y los secretariados nacional, confederal y demás organismos burocráticos perderían su razón de ser y, en el colmo de la racionalidad,  perderían también la subvención que obligadamente les pagan los contribuyentes españoles.

Solo con estas reformas, rutinariamente llamadas estructurales, la economía española puede caminar por una senda de crecimiento; sin ellas y por efecto del decretazo la actividad seguirá estancada,  el paro en aumento y dentro de unos meses será necesario recabar nuevas ayudas de la UE porque el sector público español seguirá siendo una máquina de perder dinero.

¿Y el Gobierno? Desde luego debería remangarse y sacar adelante por Real Decreto Ley unas medidas que los negociadores “sociales” no quieren ni ver. Si no lo hace es por miedo a la inevitable huelga general y por esperanza de que la Unión Europea, al poner en marcha el Gobierno económico común que se nos viene encima, obligue a España a articular una reforma laboral digna de tal nombre: en esa circunstancia Rodríguez Zapatero podría decir que los culpables son los socios comunitarios.