Jose María García-Hoz

El rechazo parlamentario de la llamada Ley Sinde es un nuevo síntoma del agotamiento moral y político en el que vive la sociedad española, a cuyos políticos les aterra el abordaje de unos cuantos cibernavegantes desocupados, mientras que no faltan defensores de la ley que ellos mismos vulneran en sus propias creaciones.

A estas alturas de la película nadie discute que la tecnología digital jugará un papel cada vez más importante en el desarrollo económico de una sociedad. Y tampoco nadie serio es capaz de discutir que el desarrollo de un sector, el digital o cualquier otro, necesita reglas de juego fijas sobre las que establecer un plan de negocio o un programa de inversiones. Esta falta de reglas fijas –acaba de entrar en vigor las decimotercera reforma del Código Penal, de leyes educativas más vale no hablar y solo recordar los bandazos de la política energética pone los pelos como escarpias– es una de las causas principales de los que podríamos llamar los males de la Patria: cambiar por cambiar, cambiar por ideología o, lo que es peor y más frecuente, cambiar las leyes por intereses personales, es fuente segura de retraso económico. No lo digo yo: el Banco Mundial y el World Economic Forum señalan cada año en sus respectivos informes que la estabilidad reguladora es una de las carencias del sistema español.

La Ley Sinde no supone cambiar las reglas del juego, sino de establecer unas reglas allí donde no las había. Y por lo que soy capaz de entender, lo único que se pretendía con el proyecto de ley rechazado era aplicar a los bienes inmateriales una protección adecuada y similar al que se brinda, por lo menos en teoría, a los bienes materiales como las casas o financieros. Robar dinero a otro, ya sea el capital o los intereses, está penado por ley, igual que ocupar o explotar propiedades sin permiso del legítimo propietario.

Pues de eso se trata: un libro, una película, un disco y hasta este modestísimo comentario deben estar protegidos igual que si fuera la participación en un fondo de inversión. Lo que está en España no es de los españoles y lo que está en la Red tampco es de los internautas. Escapa de mi capacidad opinar si el cierre de un sitio Web desde el que se comercia ilegalmente con contenidos es poca, suficiente o excesiva pena, pero ese es un tecnicismo que no afecta al fondo de la cuestión.

¿Por qué ha sido rechazado un proyecto tan necesario y lógico? Pues porque los políticos –en este caso del PP y otros partidos menores– padecen del virus del horror a la vida real (realis vitae horroris) y el riesgo de que unos cuantos navegantes por el ciberespacio puedan atacar o bloquear sus sitios corporativos o personales paraliza una decisión que favorecería un bien mayor.

No me quedaría a gusto sino incluyera una última parida.  Algunos de los creadores y artistas defensores de la Ley Sinde lo hacen porque así defienden sus habichuelas. Es legítimo. Pero se debe diagnosticar de esquizofrenia a esos mismos personajes cuando en territorios ajenos al propio defienden la ley de la selva, el todo vale y la trasgresión como princpio creativo. Llevadas las cosas a un ejemplo clarificador: se puede atracar un banco o robar en un hipermercado porque sus propietarios son explotadores, hay que perseguir al que se descargue una peli porque se ataca a los derechos de sus productores. Amos vete, salmonete