Jose María García-Hoz

“La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea advirtió el jueves que el déficit presupuestario de Grecia en 2009 –ya de por sí chocante– era mas abultado de lo que Atenas había estimado. También el jueves Moody’s Inverstors Service rebajó la califación de la deuda griega”.

A veces, la fría concisión del género informativo produce más efecto que un reportaje preñado de adjetivos escandalosos. Personalmente, cuando recibí el breaking news del Wall Street Journal no pude evitar un escalofrío: ¿que pasará cuando la Unión Europea revise las cuentas españolas?. Ni fío, ni desconfío, pero veinticuatro horas antes, un titular de El País ya me había producido otro escalofrío: “la opacidad estadística dificulta el control de las cuentas autonómicas”. Se da por descontado que –quizás con la excepción de Madrid– el año pasado todas las comunidades autonómas superaron el déficit autorizado, pero las cifras de 2009 no se conocerán/auditarán hasta finales de este año 2010. Es decir, el 60 por ciento del gasto público español carece de un seguimiento adecuado.

Es verdad que el Gobierno puede fiscalizar indirectamente la marcha presupuestaria de cada autonomía, pues es el propio Gobierno el que transfiere el dinero y el que autoriza las emisiones de deuda pública de cada una (excepto Navarra y País Vasco), pero de esa forma solo controla el gasto incurrido por vías oficiales. El sistema resultaba suficiente mientras la construcción y la compra venta de oficinas y viviendas surtía de mucho dinero fresco a las autonomías, pero ahora, con la parálisis ese ubre se ha agotado.

En la vida real las comunidades autónomas (y los ayuntamientos, que esa es otra) tienen mil maneras de gastar y endeudarse sin necesidad de apuntes contables. Contra lo que suele creer el gran público, la contabilidad no es una ciencia exacta. Hay, precisamente lo sabemos desde la constitución del euro como moneda, una “contabilidad creativa” que,sin faltar al rigor de los apuntes contables, mete como inversión lo que es un gasto, y un gasto lo avala mediante empresas interpuestas.

El banquero Luis Vals, que en paz descanse, decía que antes de tomar una decisión pensaba que ocurriría si esa decisión se publicara en la primera página de los periódicos: si la decisión resultaba impublicable, sencillamente la aparcaba.

En esto de los dineros públicos cuando no hay transparencia siempre se debe suponer la trampa. Los griegos no son ni mejores ni peores que los españoles y si a ellos Goldman Sachs et alia ayudaron a enmascarar gastos y deudas, no hay razones para pensar que también hayan echado una manita a diferentes partes de la administración pública española.