Jose María García-Hoz

Los que piden al Estado estímulos económicos simultáneos al ajuste, son gente bienintencionada, pero no realistas

¡Estímulos!, ¡Necesitamos estímulos económicos!. Cualquier tertuliano sabelotodo y cualquier bloguero despistado, dejados a su propia inercia, acaban concluyendo que eso del ajuste económico es necesario, pero que simultáneamente hacen falta estímulos del Estado para que  la economía no se pare.

Por pedir que no quede: peras al olmo, círculos cuadrados o estímulos económicos en una economía que lleva años viviendo de prestado. Hasta los pide Alfredo Pérez Rubalcaba, con olvido doloso de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero agravó la crisis española precisamente por los estímulos económicos y fiscales de 2008 (devolución de 400 euros al contribuyente, Plan E para chapuzas municipales, supresión del impuesto sobre el patrimonio, etc.).

Keynes no ha funcionado

La teoría de los estímulos, que recetó Keynes para salir de la Gran Depresión, tiene básicamente tres etapas: a) cuando llega la crisis, el Estado inyecta dinero en la economía para que esta se recupere, aunque para ello incurra en déficit; b) una vez que la economía vuelve a crecer, el Estado recupera el dinero que inyectó vía los mayores impuestos que genera la mayor actividad económica; c) con la economía creciendo y el Estado en equilibrio financiero solo queda esperar la ocasión de aplicar la fórmula.

La trampa de esa teoría es que en muchas ocasiones –como la presente— el dinero público inyectado no estimula la actividad económica, con lo que en al final de la operación, el Estado acaba arruinado y la economía bajando.

Comprendo que quien pide estímulos lo hace con la buena intención de evitarnos los malos tragos que nos esperan, pero con buenas intenciones no se cura la enfermedad. Para estimular, primero es necesario estabilizar.

Según, Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE y uno de los buenos economistas nacionales que lleva tiempo dedicado al tema, la temida y necesaria reforma laboral se juega en estos cinco puntos.

1. Reducir los excesivos costes laborales, limitando el máximo indemnizatorio en caso de despido;

2. Derogar los contratos temporales y establecer un único contrato, indefinido, y con un coste de despido creciente y limitado;

3. Flexibilizar la negociación colectiva, eximiendo a las pymes de menos de diez trabajadores de la aplicación de convenio alguno y dejando paso a la legislación general laboral si no hay acuerdo en el plazo necesario entre las partes negociadoras del convenio colectivo;

4. Seguridad social: supresión de la cotización mínima actual de la seguridad social, de modo que la cuantía fuera proporcional a la nómina afectada; la exención de pago para los autónomos en los meses que no tuvieran actividad; y el aumento de la cuota máxima que es excesivamente baja en España;

5. Desjudicialización de los despidos, de modo que, tal como sucede en el resto de Europa, la relación laboral se extinguiera directamente con el pago de los costes de despido, sin esperar a que un juez de lo social tenga que decidir sobre su procedencia.

Qué difícil será hacerlo

Ya se que el texto anterior no descubre un ignoto mediterráneo, pero como los buenos economistas, Díaz-Giménez ha sintetizado con claridad el nudo gordiano de lo que, en este momento, constituye el principal obstáculo para que la economía española comience a calentar motores.

Y tan difícil como saber lo que hay que hacer es hacerlo. CC.OO. y UGT no solo heredaron los sindicatos verticales de Franco “con los ascensores funcionando”, sino también la legislación laboral de una dictadura, para la que los empleadores eran sospechosos de oficio y los empleados debían ser adulados/protegidos para que no cayeran en la perversión marxista.

La superestructura laboral –principalmente sindical, pero no solo– reúne demasiados intereses que hasta ahora han impedido el decretazo que la suprimiera. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ya contaba en su último libro, que al último Gobierno Aznar le faltó fuerza y cuando CC.OO. y UGT convocaron una huelga general, se paró cualquier intento de modificar reforma.

Pero ahora, al revés que entonces, España va muy mal y a fuerza de no hacerla, la reforma laboral se ha convertido en la prueba del algodón que utilizaran quienes tienen en su mano el dinero suficiente para que España salga del boquete: Berlín, Bruselas, Francfort, Washington y los mercados financieros internacionales