Jose María García-Hoz

José Blamco, en cuanto Ministro de Fomento propietario de AENA, se encuentra con las tribulaciones habituales de un empresario y más en estos aciagos tiempos: como hacer que su empresa recupere la competitividad perdida.De todas maneras, si de este enrevesado conflicto empresarial, el Gobierno se diera cuenta de lo difícil que es ejercer de empresario en España, no se habría perdido todo.

El  de Aena puede convertirse en un caso de los que se estudian en las Escuales de Negocios. Olvidemos la política: el presidente de una empresa llega a la conclusión de que sucompañia no es competitiva. La operación típica de un avión, aterrizar, desembarcar el pasaje, limpiar el aparato, reponer las meriendas y el combustible, embarcar y despegar en un aeropuerto español le cuesta más dinero a la línea aérea que hacer exactamente la misma operación en un aeropuerto del Viejo Continente. Ante esa evidencia, el empresario se pone a buscar las causas del hecho.

En primer lugar el personal, singularmente los controladores aéreos que a su vez ganan más dinero que sus colegas europeos. Evidentemente se impone la decisión de romper el convenio vigente para rebajar sueldos y otras condiciones de trabajo.Y entonces nuestro hombre se da cuenta que, aunque se esté cargado de razones económicas,  romper un convenio colectivo firmado y vigente en España resulta para un empresario más dificil que subir al Everest: algunos pocos lo han conseguido pero la mayoría ha debido renunciar al intento y algunos perecieron en el mismo.

Y eso es justamente lo que denuncian los empresarios y los economistas sensatos: la legislación laboral española es tan rígida que impide a las empresas adaptarse a los malos tiempos: cuando baja el tráfico aéreo no se puede mantener el mismo personal ni los mismos precios. Cuando el Gobierno se ha encontrado con el problema, ha recurrido al Decreto Ley, herramienta que obviamente  no está en manos de ningún empresario, con el que ha salido del paso, pero cuando se levante el estado de alarma volveremos a las mismas: los controladores tienen un convenio firmado y cualquier salida debe ser acordada, no impuesta.

José Blanco, como superjefe de AENA, también se verá obligado a cerrar una docena de aeropuertos construidos para mayor gloria de los políticos locales y cuando sobraba el dinero. Ahora, con un vuelo al día, esos aeropuertos son una ruina que debe taponarse con la clausura. Esta tampoco es una circunstancia desconocida para muchos empresarios: cerrar (o incluso trasladar) una factoría no solamente exige el permiso de dos o tres administraciones, sino ponerse de acuerdo con los sindicatos y no suscitar la revuelta social. Las multinacionales echan el cierre y se van a otra parte, pero esa tampoco es herramienta al alcance de muchos empresarios.

Nadie puede estar contento de los problemas empresariales de José Blanco, porque afectan a la normalidad de la vida cotidiana –como afectó la huelga del Metro de Madrid–, pero el carísimo disgusto no habría pasado en vano si de una buena vez el Gobierno sacara la conclusión de que con la legislación laboral vigente en  España resulta harto complicado gerenciar una empresa… Pero de momento les cuesta aprender la lección porque  Blanco y el Vicepresidente Pérez Rubalcaba se centran en echar la culpa al anterior.