Jose María García-Hoz

Las cuentas del Estado son un desastre, puesto que el Gobierno gasta el doble de lo que recauda; seguramente irán a peor. Pero por lo menos es posible saber por donde van. Cada tres meses el Secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, se pone colorado explicando porque no ha pasado lo que el Ministerio dijo que pasaría.

Eso de informar está bien. No lo hacen por gusto ni por convencimiento, sino porque Unión Europea exige a sus miembros cantar la gallina. Al fin y al cabo, España no es Argentina, donde el FMI ya ha detectado falsificación de los datos oficiales.

De todas manera, el Gobierno solo gasta el 21,6 por ciento del gasto público total. El resto son pensiones/seguridad social (28,8 por ciento), ayuntamientos (13,2) y autonomías (36,3 por ciento).

Llevadas a la realidad, esas cifras significan que prácticamente la mitad del gasto público se esfuma en la más absoluta oscuridad: nadie sabe con la precisión que exige este tiempo de crisis en qué, cómo, ni por qué, gastan las autonomías el dinero del contribuyente.

Según la vigente Ley General de Estabilidad Presupuestaria el Gobierno debe conocer “con anterioridad al 1 de octubre” los resultados presupuestarios de autonomías y ayuntamientos, mediante informes del Ministerio de Economía y Hacienda, informes que, vuelvo a citar la ley, “se publicarán para general conocimiento”.

Escribo el 7 de octubre, el mismo día en que se han reunido la Vicepresidenta Económica y los consejeros económicos de las autonomías. No se sabe nada de lo tratado, ni de las cuentas autonómicas.

A lo mejor es para bien del público, porque si supiera como está la vaina saldría corriendo de España, antes de que le subieran más los impuestos para pagar gastos ignotos.